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3 de diciembre de 2020
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Política

Usurpación: Aveiro adhirió a la ley que establece quita de beneficios

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El intendente de Tunuyán apoyó la ley de Jorge Difonso, que no tuvo el amparo del justicialismo durante su tratamiento en la Legislatura.

El intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, adhirió a la Ley provincial del diputado Jorge Difonso, aprobada el pasado 17 de noviembre, que impide el acceso a beneficios fiscales, sociales, tributarios y subsidios, a toda aquella persona que esté usurpando un terreno en Mendoza.

El mandatario tunuyanino lo hizo tras mantener un encuentro con el intendente de Tupungato, Gustavo Soto, el de San Carlos, Rolando Scanio, y también con Difonso, según detalló El Cuco Digital.

De esta manera, Tunuyán es el segundo departamento del Valle de Uco y el cuarto de la provincia en sumarse y manifestar su apoyo a la norma, a pesar de que a la hora de su votación en la Legislatura no recibió el apoyo del peronismo.

Germán Gómez, titular del bloque de diputados del FdT-PJ, manifestó, previo al voto negativo de su bancada, que la iniciativa “no constituye una solución".

"La gente espera de la clase política otra reacción. Defendemos el derecho a la propiedad, a la vivienda digna, a las políticas que generan mejor calidad de vida”, indicó.

En tanto, cuando la propuesta se trató en Senadores la peronista Cecilia Juri expresó: “Hay más de 11 notas de distintas organizaciones que han sido presentadas. Lo que han solicitado es que se pueda escuchar sus opiniones previo al tratamiento en la Legislatura. Para la legisladora en Mendoza hay un déficit de más de 70.000 viviendas. Acá es evidente la decisión política de apoyar este proyecto y dejar de lado otras iniciativas”.

La Ley dispone que como requisito para el otorgamiento de beneficios de planes sociales, subsidios de cualquier tipo, o programas de vivienda emanados del Instituto Provincial de la Vivienda, no encontrarse condenado por alguno de los delitos previstos en el Capítulo VI, del Título VI, del Libro II del Código Penal, mientras dure su condena.

Además, establece que en todos los casos en que el Poder Ejecutivo o cualquier dependencia del Estado disponga la entrega de subsidios de cualquier tipo y/o beneficios a entidades comerciales, productivas o prestadoras de servicios, previo a hacer efectivo el mismo, deberá el beneficiario acreditar la inexistencia por parte de sus titulares y/o administradores, de condenas por los delitos enumerados.

Fuente: El Cuco Digital

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