Tembló en San Luis y se sintió fuerte en Mendoza
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28 de octubre de 2009
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OPINIÓN

Uruguay y una herida que no cierra (Carlos Castillo, de DPA)

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Cuando se le preguntó cómo se sentía al confirmarse que sus compatriotas habían rechazado la anulación de la ley de caducidad que perdonó los crímenes de policías y militares durante la última dictadura (1973-1985), la uruguaya Helen Abella respondió: ?Indignada?.

Cuando se le preguntó cómo se sentía al confirmarse que sus compatriotas habían rechazado la anulación de la ley de caducidad que perdonó los crímenes de policías y militares durante la última dictadura (1973-1985), la uruguaya Helen Abella respondió: “Indignada”.

Enseguida se le llenaron los ojos de lágrimas y agregó: “No sabemos cómo mirar ahora a los jóvenes”. Afirmó que “este gobierno no le dio la importancia que el tema tiene”. “No se jugó, tal vez porque tuvo miedo de perder”, admitió la mujer, que apoya al actual Gobierno, más allá de estas discrepancias.

Helen estuvo presa entre 1972 y 1978 por ser integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T), al igual que su esposo, Carlos Spuntone, también preso durante seis años. Spuntone dijo a PDAque a él no le sorprendió el resultado, aunque, “en el fondo, esperaba que se llegara” a la mitad más uno de los votos emitidos.

“Esperaba que ya no hubiera dudas entre la gente y debo confesar que cuando me enteré del resultado me quedé paralizado y también un poco desanimado”, agregó.

Zapicán Rodríguez, otro ex preso uruguayo, pero que reside en Buenos Aires, se sumó a la charla y comentó que el pronunciamiento de sus compatriotas “marca la característica de una sociedad medio conservadora”, y agregó que “el tema no fue bien explicado ni suficientemente difundido”.

Criticó que “el Gobierno prefirió transferir esa responsabilidad al pueblo”, cuando, en realidad, tuvo las mayorías parlamentarias durante los últimos cinco años como para resolver el asunto sin necesidad de convocar a un plebiscito.

Helen coincidió con que “la gente no quería tener que decidir” sobre este delicado tema, y enumeró, entre otras causas de la derrota en las urnas, el papel de los medios de difusión y de la Iglesia católica, que, aunque sin el protagonismo político que tiene en otros países, igualmente “influyó con su prédica”, dijo.

Los ex presos políticos uruguayos recordaron que en 1989, cuando otro plebiscito sobre esta misma ley también dio negativo, “hubo mucho miedo, porque recién se estaba saliendo de la dictadura”.

“Ese miedo persiste, aunque mucha gente crea que no. Yo, por ejemplo, me desperté en la madrugada del domingo, prendí la televisión, los canales estaban fuera del aire, había un gran silencio en el barrio, y pensé que, de repente, estos tipos habían dado un golpe de Estado”, contó Spuntone.

Después supo que había problemas técnicos con el servicio de televisión por cable. “Uno todavía está sugestionado, porque el miedo que nos inculcaron fue terrible”, agregó, mientras mostraba el uniforme de preso, el documento de identidad que le extendieron a la salida de la cárcel y otros efectos personales que relacionó directamente con la tortura psicológica a la que fueron sometidos, además de los apremios físicos.

Para los tres ex presos políticos uruguayos, pese al golpe que significó el rechazo a la anulación de la ley, el tema de los crímenes de lesa humanidad “no está laudado”.

“Se seguirán presentando denuncias como hasta ahora, al amparo del artículo 4” de la ley que habilita al Poder Ejecutivo a investigar las denuncias referentes a actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas, así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones.

Para Abella, Spuntone y Rodríguez, los riesgos son que este pronunciamiento popular alimente un clima parecido al que hubo en Argentina, donde “hicieron desaparecer a Jorge Julio López”, de 76 años, cuando concurría a dar testimonio en un juicio contra el oficial policial Miguel Etchecolatz, en setiembre del 2006.

Aunque la anulación de la ley ya ha sido rechazada dos veces en plebiscito, podrá someterse nuevamente a consulta popular por iniciativa de los ciudadanos, siempre que consigan reunir firmas equivalentes a 25 por ciento del padrón electoral.

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