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28 de octubre de 2006
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VÍCTIMAS DE LA DICTADURA

Unos 250 cesanteados cobraron subsidio

Desde el Gobierno confirmaron que, hasta el momento, 250 cesanteados por la dictadura cobraron el primer adelanto del subsidio por ser víctimas de los años de plomo

    Desde el Gobierno confirmaron que, hasta el momento, 250 cesanteados por la dictadura cobraron el primer adelanto del subsidio por ser víctimas de los años de plomo. “El presupuesto de este año asciende a seis millones de pesos y está en condiciones de percibir este resarcimiento económico un total de mil ex empleados del Gobierno provincial, quienes fueron dejados sin trabajo durante el último proceso militar”, sostuvieron desde el Ejecutivo.

    También comentaron que quienes deseen averiguar el estado de su trámite pueden comunicarse a los teléfonos 4251951 o 42512956 o dirigirse a España 1039 de Ciudad. El pago de cinco mil pesos comenzó a efectivizarse a principios de setiembre. Se presentó un total de 1.600 personas, en tanto que las previsiones iniciales rondaban entre doscientos y trescientos beneficiarios. Hoy están en condiciones de cobrar cerca de mil personas y los cinco mil pesos son parte del subsidio treinta mil que deberá recibir cada cesanteado.

    Esta idea surgió de la Legislatura, donde, a través de una ley, se decidió que se le otorgara un reconocimiento económico a las personas que fueron víctimas de la dictadura. Si bien desde ese momento se aclaró que esto era un resarcimiento simbólico, ante tanto dolor era necesario dar esta señal a la sociedad.

    Las personas que están en condiciones de percibir este beneficio se reunieron varias veces en asamblea para avanzar en bloque sobre este tema, ya que, cuando se aprobó la norma, hubo infinidad de cesanteados que hicieron largas colas para averiguar cuáles eran los trámites que tenían que hacer.

    En definitiva, para acceder al subsidio debían cumplir con algunos requisitos como que sus cargos hubieran sido dados de baja entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 y que la baja se hubiera producido sin sumario legal previo. Luego, aportar toda esta documentación en la Casa de Gobierno. Además, se exigía que los beneficiarios no hubiesen recibido indemnización a través de reclamos judiciales y que quienes fueron obligados a renunciar pudieran probarlo mediante información sumaria administrativa.

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