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3 de noviembre de 2006
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Una ley puede ser poco y también mucho

El debate por el proyecto de la ley de educación nacional permitió expresar a funcionarios y especialistas las más profundas sensaciones que van del extremo escepticismo, de pensar que una ley ?todo no lo puede?, pasando por un mayoritario reconocimiento al consenso y la búsqueda de un escenario superador, hasta llegar a la creencia, por el contrario, de que la norma legal ?podrá con todo?

    El debate por el proyecto de la ley de educación nacional permitió expresar a funcionarios y especialistas las más profundas sensaciones que van del extremo escepticismo, de pensar que una ley “todo no lo puede”, pasando por un mayoritario reconocimiento al consenso y la búsqueda de un escenario superador, hasta llegar a la creencia, por el contrario, de que la norma legal “podrá con todo”.

    Más allá de que una ley pueda servir para un momento, como la 1.420 de hace dos siglos, que no era nacional y sirvió para garantizar el acceso a la escuela primaria a todos, o pueda traer desigualdades o fragmentaciones por su diversa aplicabilidad y resultados, como la Federal de 1993, lo cierto es que lo rescatable de la nueva norma es que quiere llegar de la mano de la mayor cantidad de voces y consensos.

    Días atrás, la ex ministra de Educación Susana Decibe, impulsora de la Ley Federal y gestora de su consecuente reforma en los 90, respondió a las interminables criticas a los efectos de esa experiencia diferenciando que una cosa era la política educativa y otra la económica que se aplicaban durante el gobierno de Carlos Menem. “Unos estábamos en el Ministerio de Educación peleando por la educación pública y, del otro lado, estaban bombardeando la economía”, entendiéndose como un cuartel o una isla que quería resistir dentro de un mismo ejército de funcionarios.

    También rescató que la ley nació “en el Senado, por consenso de todos los miembros”, a diferencia, según dijo, de una norma que se impulsa desde un gobierno, como ocurre con la actual. Sin embargo, las afirmaciones reiteradas por estos días, tanto del ministro de Educación, Daniel Filmus, como del secretario de Básica –viceministro en los hechos–, Juan Carlos Tedesco, es que “se somete a debate para despartidizarla” y se planea que se apruebe antes de fin de año para “que no quede sometida, en el 2007, a las presiones de un año electoral”.

    Para los funcionarios actuales, “una ley, de por sí, define toda la política de la enseñanza”, pero sólo si puede tener efectos en los contenidos, la estructura, las responsabilidades y las garantías y la dirección en la que se va a plantar el país ante temas sensibles al conocimiento y el desarrollo, como la ciencia y la investigación.

    “Las leyes no son el único instrumento de política educativa”, sostiene Tedesco, pero alega que, cuando se discute presupuesto, “también se está comprometiendo el financiamiento que van a aportar las provincias”. Sostiene también que “no es lo mismo discutir dónde se ubica el séptimo grado (si en la primaria o en la secundaria) en el marco de una política de diez años de escolaridad (Ley Federal) o de trece años (la futura norma), que hace obligatorio el secundario”.

    Más allá de los efectos esperables, condenables, aleccionadores de las diversas leyes de la enseñanza, la nueva norma conlleva un valor agregado: tiene que ser un desafío superador de las buenas declaraciones de las anteriores. Hoy, como nunca, el mundo sigue produciendo miles de excluidos de los derechos humanos básicos: la educación, el trabajo, la salud. En este rincón del planeta, el que alguna vez estuvo lejos de este flagelo, tiene que haber una fuerte apuesta para que ningún chico menor de dieciocho años esté fuera del sistema educativo.

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