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11 de septiembre de 2019
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Opinión

Una investigación empantanada desde la detención

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Julieta González tenía 21 años.

La sentencia por el asesinato de Julieta González genera cuestionamientos, debido a que, desde un primer momento, se habló de femicidio. En el medio, un apellido con poder: Di Césare.

La investigación por el asesinato de Julieta González se empantanó desde que detuvieron al acusado, Andrés Di Césare. Tenía un apellido fuerte en el Gran Mendoza. Hijo de un empresario del transporte, este joven de 26 años terminó tras las rejas e imputado por femicidio.

Sin embargo, este miércoles, tres jueces desestimaron los argumentos de la fiscalía y lo condenaron a 18 años de cárcel por homicidio simple.

La cuestión es simple: la fiscal Claudia Ríos entendió que González y Di Césare tenían una relación de pareja. Informal, pero relación al fin. Y que este muchacho de 26 la mató cuando ella le dijo que estaba esperando un hijo de él. Argumentos suficientes para sostener una pena de prisión perpetua en el juicio.

Pero, luego de los alegatos de la defensa, que afirmaba que no había noviazgo, comenzó a ventilarse en los Tribunales locales que el fallo iba a ser polémico. Y lo fue, debido a que Di Césare recibió una pena muy inferior a la esperada, más allá de que el expediente terminará en la Suprema Corte.

Cuando se dice que el fallo es polémico es porque la instrucción, desde el comienzo, fue durísima. Un batallón de abogados defensores cuestionaron todas las pruebas del Ministerio Público.

Ver también: Para la Justicia, el crimen de Julieta no fue femicidio: 18 años para el autor

Hubo hasta una especie de confesión que hizo Di Césare a un policía que lo trasladaba luego de su captura –en la que aseguraba que había matado a Julieta porque le pedía dinero– pero los letrados, apoyados por jueces de primera instancia, lograron que la prueba fuera declarada nula y la extirparon del expediente.

Se cuestionaron órdenes de allanamiento, declaraciones, peritajes, de todo. Y por eso el expediente tardó casi tres años en llegar a juicio. La fiscalía tuvo que solicitar prórrogas para seguir instruyendo y evitar que el sospechoso quedara libre porque se habían vencido los plazos de prisión preventiva. Un claro ejemplo de las demoras judiciales.

Se habló de relaciones de poder y contactos del padre del ahora culpable para hacer “todo lo posible” para que su hijo zafara de la pena máxima. Y los defensores consiguieron lo que buscaban: evitar la perpetua. 

Hasta en un momento, el Servicio Penitenciario tuvo que abrir una investigación interna porque a Di Césare le permitían hacer asados dentro del penal.

La sentencia contra el hijo del empresario abrió un abanico de cuestionamientos y la mira estará puesta en los fundamentos que darán los jueces en los próximos días. Será bueno conocer qué entendieron de la causa y por qué no se trató de un femicidio, como se calificó desde un principio.

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