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17 de septiembre de 2009
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LEY DE MEDIOS AUDIOVISUALES

Un proyecto con más de 200 cambios

Los cambios, concedidos durante el plenario de las comisiones de Comunicaciones, Presupuesto y Libertad de Expresión, le permitieron emitir dictamen y sumar el respaldo de los bloques de centro-izquierda SI-Proyectos Sur, Encuentro Popular y Social y, tal vez el más valorado, del Partido Socialista.

El gobierno concedió, a los largo del trámite parlamentario en la Cámara Baja, más de 200 cambios al proyecto de la nueva ley de medios, entre los cuales se destaca la prohibición a las telefónicas y empresas de servicios públicos a ingresar al negocio televisivo.

También accedió a ampliar de cinco a siete los miembros de la llamada autoridad de aplicación, "como organismo descentralizado autárquico", que crea la norma, y que pasará a estar integrada por dos miembros (el presidente y un director) designados por el Poder Ejecutivo, tres por el Congreso (por la primera, segunda y tercera minorías) y otros dos directores (uno de ellos académico) por el Consejo Federal de Comunicaciones Audiovisuales.

Los cambios, concedidos durante el plenario de las comisiones de Comunicaciones, Presupuesto y Libertad de Expresión, le permitieron emitir dictamen y sumar el respaldo de los bloques de centro-izquierda SI-Proyectos Sur, Encuentro Popular y Social y, tal vez el más valorado, del Partido Socialista (partido que integra la alianza electoral con la UCR y la Coalición Cívica).

En el debate en particular de la norma, que duró pasadas las 3 esta madrugada, hubo nuevos cambios a pedido de la oposición, entre ellos uno solicitado por el socialismo para establecer un a la distribución de la pauta de publicidad oficial (agregado al artículo 76) bajo "criterios de equidad". Otro a pedido de Claudio Lozano (Proyecto Sur) para incorporar un inciso al artículo 12 por el cual la autoridad de aplicación deba "realizar periódicamente los estudios técnicos para evaluar nivel y efectos de las emisiones radioeléctricas sobre el cuerpo humano y medio ambiente".

La peronista chubutense Rosa Chiquichano sumó un pedido, aceptado por el oficialismo para incorporar al mismo artículo un texto para que, entre las misiones y funciones del organismo, esté la de "garantizar el respeto a la Constitución Nacional, leyes y tratados internacionales en los contenidos en los servicios de comunicación".

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