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4 de diciembre de 2020
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Opinión

Un país de “cazadores-recolectores”

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La pandemia dejará consecuencias nefastas en Argentina y en Mendoza. El año cerrará con 20 millones de personas por debajo de la línea de pobreza.

A medida que van apareciendo las buenas noticias en torno al desarrollo de las primeras vacunas que se transformarán en la principal arma para combatir el COVID en el mundo entero, a la par, la comunidad internacional también se va imaginando lo que viene y lo que se develará ante todos una vez que caiga el telón de la pandemia: y lo que viene, ya parece ser una idea común para todos o para la inmensa mayoría, es que nada será igual a lo que conocimos, al menos, hasta el primer trimestre del 2020.

Los principales efectos de la pandemia, por supuesto, que han sido las víctimas que ha dejado el virus a nivel global: un poco más de 64,7 millones de personas afectadas y casi 1,5 millón de personas fallecidas. Sólo en Argentina ya se contabilizan casi 1,5 millón de personas que se contagiaron y un poco más de 39.000 muertes hasta el día de ayer. Y Mendoza registraba hasta esta semana más de 55.000 personas afectadas y un poco más de 1.100 fallecidas. El impacto en la salud de las personas y en el sistema sanitario de los países, de sus pueblos, de sus principales ciudades se transformó, durante la pandemia y mientras transcurría y se padecían sus efectos, en la prioridad número uno a resolver por los gobiernos, que estuvieron sujetos, como se vio, a lo que fueron ordenando los científicos y expertos epidemiólogos.

Y, en ciertos países como Argentina, la decisión política de su administración se circunscribió a una cuarentena rígida que, en su caso, se convirtió en la más extensa del mundo. Ese camino no dejó, y a la vista de todos ha quedado, los resultados que se esperaban. Claro que, como siempre, todo puede ser observado por un cristal diferente de otro: en el Gobierno todavía sostienen, y es válido, que de no haberse hecho lo que se terminó haciendo, los efectos pudieron haber sido mucho peores. La segunda consecuencia social que dejó tras su paso la pandemia resultó ser, claramente, la de origen económico.

Cuando los gobernantes, los científicos sociales, los economistas, los empresarios y la gente, en general, suelen decir que no todo será igual a lo conocido, es porque el panorama que se le presenta al mundo tras el ataque del COVID es incierto y con una configuración totalmente distinta de cómo venía funcionando hasta fines de este año. A la par de que se estima que el equipo económico del gobierno de Alberto Fernández debe estar enfrascado y profundamente concentrado en dar con las medidas y decisiones que posibiliten la reactivación de la economía antes de que sea demasiado tarde, de todo el tiempo que se pudo haber perdido; quizás, también debería enfocarse en el tipo de trabajo y de empleo que tendría que ser creado para responder a una demanda de millones de argentinos que no sólo están desempleados, sino que, en su inmensa mayoría, adolecen de una buena calificación.

Se trata –y es lo que están viendo los investigadores sociales a base de la información de los últimos sondeos, más los datos que emanan de los organismos oficiales como la Encuesta Permanente de Hogares– de una cantidad importante de personas, varios cientos de miles, con escaso nivel de instrucción y pocas habilidades para oficios medios o altos. Pocos días atrás, durante una exposición en Guaymallén, para las Terceras Jornadas de Gobiernos locales, el ensayista y analista política Alejandro Katz aventuró que, para superar con éxito la actual encrucijada marcada por el sufrimiento y la desesperanza de tantos argentinos, el país debería emprender la titánica tarea de generar, de crear, no menos de 8 millones de nuevos empleos para personas que no tienen ninguna posibilidad de aportar valor agregado, sino todo lo contrario.

Un país que pareciera ha vuelto a una época de “cazadores-recolectores”, por las consecuencias nefastas que dejó la pandemia combinadas con la decrepitud generalizada que se padece desde varios años a esta parte. Quizás, eso es lo que está viendo el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en manos de Daniel Arroyo, cuando afirma que se invertirán unos cuantos miles de millones de pesos para financiar trabajo público primario, del tipo de construcción de infraestructura básica, como cordón, cuneta, vereda y algo de adoquinado. Una necesidad determinada por la urgencia, y una tentación de orden político y filosófico para un gobierno que por tradición se ha inclinado en sus años de gestión encima a desarrollar medidas como esas, fuesen o no necesarias o prioritarias, financiadas por una fuerte expansión del gasto público.

Hay un desafío múltiple, por supuesto, para enderezar el rumbo del país y de su economía; independientemente de lo que decida hacer, logre y pueda el gobierno de Fernández. Pero, está claro, los sectores económicos destruidos por el parate al que obligó la pandemia, reclaman desesperadamente medidas para resurgir que van mucho más allá de las ayudas que se dieron por parte del Estado para pagar parte o la totalidad de los sueldos de sus trabajadores. A todo eso, le tendría que seguir un plan general de incentivos fiscales y de premios a inversores y cumplidores, más que subas indiscriminadas en todo el sistema impositivo como se alienta, desde el Ejecutivo, a las provincias con la firma del inminente nuevo Consenso Federal.

El año termina con más de 44 por ciento de su población por debajo de la línea de pobreza, de acuerdo con los datos que dio a conocer la UCA ayer. Son 20 millones de personas con serios problemas para subsistir y 4 millones de personas indigentes. El desempleo se acercará a 15 por ciento, mientras los más pesimistas sostienen que puede que ascienda a 20 por ciento. En pandemia se habrán perdido más de 800.000 puestos de trabajo y el PBI, como ya lo señala la OCDE, se precipitará más de 12 por ciento y alrededor de 40.000 comercios cerraron para siempre, de acuerdo con la cámara empresarial que los agrupa.

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