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15 de abril de 2019
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Un golpe a la omnipotencia

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El acceso a la información pública es, además de un derecho constitucional, una de las herramientas más efectivas para el control de la institucionalidad y para fomentar transparencia en una gestión. Reglamentar su aplicación y contemplar sanciones para aquellos funcionarios que no cumplan implica un golpe importante a la omnipotencia de muchos de los que ocupan cargos públicos.

Es ponerlos a raya y hacerles entender que son apenas empleados eventuales y que toda la información que está en su poder es del Estado. Y, en ese punto, la frase “el Estado somos todos” debe cumplirse. Obviamente, existen excepciones en cuanto al manejo de datos. Hay algunos que, por cuestiones estratégicas, no pueden ser difundidos. Pero tienen que ver más que nada con asuntos de seguridad pública, en el caso de Mendoza.

Fuera de eso, toda información generada por o desde el Estado tiene que estar al alcance de cualquier ciudadano, sin tener que expresar un interés legítimo. Y aquellos que no lo entienden o entorpezcan el ejercicio de este derecho deben ser penalizados.

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