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13 de diciembre de 2019
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Corrupción

Tupac: designan a cuatro fiscales para que las causas lleguen a juicio oral

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El procurador Alejandro Gullé puso al fiscal adjunto y al jefe de la Unidad de Delitos Económicos a la cabeza de las actuaciones que lleva la fiscal Gabriela Chaves. Además sumó a Susana Muscianisi.

Poco antes del cambio de color político en el gobierno nacional y de la asunción del presidente Alberto Fernández, el Ministerio Público Fiscal de la provincia nombró a cuatro fiscales para acelerar la instrucción de las causas contra la organización kirchnerista Tupac Amaru, investigada por presuntos hechos de corrupción en la construcción de viviendas con fondos nacionales.

Desde el 2017 las pesquisas por las denuncias contra la referente de la organización social Nélida Rojas y parte de su familia, estuvieron a cargo de la fiscal Gabriela Chaves, titular de la unidad fiscal Nº7. Recientemente, el procurador Alejandro Gullé decidió sumar a otra funcionaria de la Unidad de Delitos Económicos, Susana Muscianisi, y a dos superiores de ellas: el fiscal en jefe Sebastián Capizzi, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos e Informáticos, y el fiscal adjunto en lo penal, Gonzalo Nazar.

La Resolución fue firmada el pasado 14 de noviembre y entre los argumentos se esgrime que "fundamenta el requerimiento en la notable cantidad y dificultad de las causas de mención, siendo aconsejable la actuación conjunta de varios fiscales, a fin de poder lograr una pronta realización del objetivo y finalidad de la investigación preparatoria".

Rojas, la denominada "Milagro Salas" mendocina, está sospechada de crear una asociación ilícita para cometer estafas, extorsión, coacción agravada y amenazas que se habrían dado en el contexto de la creación de cooperativas "truchas".

Según las presentaciones de ex militantes y miembros de la Tupac, les cobraban una cuota para poder acceder a las casas y además eran obligados a realizar trabajos y asistir a actos políticos.

Por otro lado, este año, Chaves avanzó con otra de las instrucciones conexas, que es la presunta defraudación a la administración al Estado y el consecuente perjuicio al patrimonio de la provincia, en el que están imputados, además de Rojas, el intendente de Lavalle, Roberto Righi y el ex titular del IPV, Omar Parisi.

En esta última, el Gobierno de Mendoza tenía especial interés por los fondos que se habrían filtrado y por las obras que quedaron inconclusas y que ahora tienen que terminar en Lavalle y en Guaymallén.

Mendoza se constituyó como querellante a través de la Subsecretaría de Justicia, en la que continúa Marcelo D´Agostino, ahora bajo la gestión de Rodolfo Suarez.

Extinción de dominio

En paralelo a las causas penales, el Ministerio Público Fiscal en el plano civil inició una acción de extinción de dominio contra un hijo de Rojas, Federico Torrengo Rojas, quien fue emplazado a responder sobre su patrimonio. Concretamente, se quiere determinar cómo adquirió dos vehículos valuados en un millón y medio de pesos.

Si bien son procesos distintos, el abogado defensor de la familia Rojas, Alfredo Guevara, pidió que se suspendieran los plazos para que su cliente ejerza el derecho de defensa y solicitó poder acceder a varios de los bultos que están secuestrados por la fiscalía de Delitos Económicos de Chaves para poder responder a lo solicitado en la demanda de extinción de dominio.

Mientras todos estos trámites siguen su curso, fuentes judiciales admitieron que hay preocupación con el futuro de la Ley 9151, la versión mendocina que adhiere y reglamenta el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del ex presidente Mauricio Macri, que no tuvo ratificación en el Congreso y que puede ser derogado por un nuevo DNU del flamante mandatario peronista.

"Si el DNU se deroga todas las causas de extinción de dominio, tanto las de la Tupac como la que pesa sobre el ex intendente Luis Lobos y su mujer, podrían llegar a caerse", admitió una voz de tribunales.

En su momento, fue el propio ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, el senador Miguel Angel Pichetto, quien rechazó junto con otros legisladores del PJ el tratamiento de este decreto y de esta manera lo invalidó para que sea ratificado.

Plazos suspendidos 

Mendoza fue la primera provincia en el país en avanzar en las demandas de extinción de dominio, norma que tiene por objetivo, el decomiso de bienes originados de la corrupción para que pasen a manos del Estado, en las causas contra la Tupac y en la investigación de enriquecimiento ilícito contra el ex intendente Lobos.

En la que se le sigue al ex dirigente de Guaymallén, la causa está a punto de llegar a la primera audiencia oral, aunque hasta el momento, el ex funcionario no hizo su descargo.

En el caso de la Tupac, una resolución de una juez civil paralizó los plazos de contestación de la demanda hasta tanto, la defensa pueda acceder a la documentación solicitada a la fiscalía.

De esta manera, se definirá la continuidad de este caso de transcendencia política y mediática, luego de la feria judicial.

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