La Dirección General de Escuelas (DGE) rechazó el pedido de la senadora oficialista Mariana Caroglio para que la trasladen a otra escuela cuando termine su mandato, ya que lo prohíbe el Estatuto Docente.

“En razón de estar ejerciendo funciones políticas electivas, está incursa en una situación de docente pasivo, y estando en uso de licencias sin goce de haberes por reserva de dicho cargo de representación política, no puede acceder al movimiento de traslado que pretende, por expresa prohibición legal del Estatuto del Docente – Ley Nº 4934”, señala la resolución N° 3.030 entre sus fundamentos. 

Así el gobierno escolar puso punto final a una polémica generada luego de que la legisladora solicitara el cambio y el SUTE se negara en la Junta Calificadora del Nivel Primario (JCNP).

Caroglio es docente desde el año 1986. La senadora radical había presentado la documentación para pedir su traslado a partir de 2019 desde el cargo de docente titular que tenía retenido en la escuela Avelino Maure a la escuela Hogar Eva Perón.

Sin embargo el gremio de la educación objetó a la legisladora ante la JCNP porque está ejerciendo un cargo político electivo y no podía solicitar el traslado. La Junta Calificadora es un cuerpo colegiado con representación democrática de los docentes sindicales, del gremio y también del Gobierno. Este cuerpo tiene que decidir por votación en función de los antecedentes del docente. Caroglio ya había pasado dos filtros (el orden de mérito provisorio y el definitivo) y cuando fue llamada para presentarse ante los miembros, recibió las objeciones sobre el escenario.

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A través de la resolución, que aparecerá publicada este martes en el Boletín Oficial, la DGE rechazó el pedido de Caroglio. Y Jaime Correas, responsable de la cartera de Educación, resaltó la “independencia” con la que se resolvió el conflicto.

“Hay una independencia de la DGE del juego político. De todos modos fue un evidente ataque a Caroglio, estuvo todo muy armado”, explicó el funcionario de Alfredo Cornejo, en referencia a la polémica que se generó desde el SUTE.

Hay que recordar que la docente fue una de las que más defendió la política del ítem aula que implementó el Gobierno.

Además la resolución cuestionó el accionar de la Junta porque se “apartaron” del ordenamiento jurídico vigente por “exceso de poder en adoptar una decisión que no correspondía al carácter consultivo del órgano.

“La Junta no podría haber dictaminado y sin embargo dictaminó”, sostuvo Correas.

“La decisión desconoce que las Juntas Calificadoras tienen dentro del sistema educativo público de gestión estatal una competencia claramente consultiva y no resolutiva (activa), situación que reviste mayor gravedad que el supuesto ordinario de simple ejercicio por parte de una administración activa de las atribuciones, también decisorias, de otro órgano (como podría ser el ejercicio de competencia por parte de un ministro de las que pertenezcan a otro o al Poder Ejecutivo, etcétera). En el caso, para colmo, existía una reciente advertencia de la imposibilidad legal de adoptar decisiones de atribución exclusiva del Director General de Escuelas”, señala la resolución.

Por otro lado la resolución dispuso que se revisen los traslados efectuados durante los últimos 10 años de todos los docentes que se encontraban en situación pasiva. Se espera que a mediados de la semana haya novedades sobre estos casos.