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2 de marzo de 2020
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Opinión

Tiempo de Vendimia y de una tensión insoportable en el ambiente

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El sábado que viene, en un hotel de alta categoría de Mendoza, como ya es costumbre y tradición, la industria vitivinícola tendrá su día para sí y, claro, para el mundo que se muestre interesado. Es el día en el que los grandes del sector se muestran, se florean y dan a conocer su estado de situación: una suerte de resumen de cómo les ha ido en el último período, un resumen que se repite año tras año con muy poca sorpresa y en el que, generalmente, sobreabundan los reclamos, las quejas, y escasea hasta el nivel de existencia cero la autocrítica, todo en un tono monocorde y de lamento. Son los grandes en todo sentido y hoy aparecen divididos y fragmentados. Allí dentro, en la Coviar, la corporación que los cobija, pululan los ricos de Bodegas de Argentina, muchas de ellas en manos de ricos y extranjeros y los ricos de por acá, de la producción y de la política que se hicieron fuertes en el sistema cooperativo.

Hay otros representantes del sector vitivinícola, más chicos, que dicen no tener lugar entre aquellos grandes y ricos ni en unos ni en otros. Y que el sábado, como ya lo han hecho en otras oportunidades, tendrán su propio desayuno que, en los hechos, opera como un contradesayuno de la Coviar.

La semana que arranca hoy lo hace cargada de una inusual expectativa y de tensión, particularmente, de mucha tensión. Recién el sábado, para la fiesta de la Bendición de los Frutos en San Martín –ese acto religioso, de música y de color con el que se da inicio propiamente dicho a los actos oficiales de la fiesta mayor–, ahí hizo su aparición y se mostró en público el gobernador Rodolfo Suarez. Hasta ese día no lo había hecho en ninguna de las fiestas departamentales, ni tampoco en la de la Capital, de la que fue su intendente hasta pocos meses.

Las permanentes amenazas de movilizaciones y de hostigamientos varios contra la clase política por parte de agrupaciones ambientalistas, pero por el lado de las más emparentadas con los denominados ecoterroristas, que participaron en la cruzada social que frenó la minería y que ahora –sin un ápice de apego por la evidencia y por los datos técnicos que los desmienten de manera categórica–, van contra el fracking que es utilizado para extraer gas y petróleo en Malargüe, terminaron por justificar una recomendación especial para que el gobernador no se hiciera presente en esos actos por temor a sufrir algún tipo de ataque, improperios y silbatinas en su contra.

Aquellos chicos que toman distancia de la Coviar, y que no participarán en su desayuno, y que dicen ser viñateros que forman parte de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), tendrán su propio acto el sábado bien temprano, en el acceso Este y Costa Canal Montecasero, justo en el ingreso a la ciudad de San Martín. Estos productores hace tiempo que también se quejan. Es que, más allá del constante reclamo por más y mejor asistencia de parte del Estado, lo que evidentemente genera en algún sector social algo de hastío por ese permanente repiqueteo por subsidios y recursos públicos, han sufrido por mucho tiempo también una ausencia absoluta de una política estructural que mejore sus posibilidades para competir con mejores precios y calidad, por supuesto.

En un reciente informe han dado cuenta de la situación por la que atraviesan, víctimas de la falta de una política seria que los englobe, como está dicho, y víctimas, como siempre, de un bodeguero poderoso que les recibe la uva para vino ahora, sin precio y que se las comienza a pagar recién en el último trimestre del año y en cuotas, 9, 12 y 18. Todo indica que esa práctica asumida por los bodegueros que les compran no ha sido eficientemente controlada por parte del Estado, cuando en su momento el compromiso asumido era otro.

Dicen estos viñateros: “En Salta la uva no tiene precio de referencia y, de venderla, lo hacen muy por debajo de los costos. En La Rioja, los precios también son irrisorios para el productor, que percibe entre $3 y $3,50 por kilo; en San Juan, por su parte, sí hay un precio mínimo fijado por el Gobierno provincial de $6,50 el kilo y, si bien el importe no llega a cubrir los costos, esperan que este vaya aumentando. Por último, en Mendoza están pagando precios iguales o más bajos que en el 2017, a pesar de la creciente inflación, entre $7 y $8 por kilo. A modo de ejemplo –agregan–, en el Valle de Uco los productores requieren $300 mil para trabajar una hectárea, de la que obtienen 100 quintales. Es decir, alcanzan los $80 mil por hectárea (si venden a $8), les falta aún $220 mil sólo para cubrir los costos”.

Esta situación no sólo atenta contra la rentabilidad más o menos razonable del productor, sino, además, contra su propia existencia. Hay menos productores y unas 3 mil hectáreas menos en producción: un estudio del INTA sostiene que a diciembre del 2019 se tenían registradas 215.169 hectáreas, con una disminución de 3.064 respecto del año anterior.

El gobierno de Suarez dice estar al tanto de la situación y ha pedido, recientemente, un lapso de 6 meses para dar a conocer un plan específico para el sector. Se cree que se apuntará a la asociatividad de los pequeños para mejorar sus chances al momento de venderles a los grandes. También aseguran que se está buscando una herramienta particular para evitar que el factor “clima” sea el que regule el mercado y la suerte de cada uno de ellos, la que depende de un año bueno o un año malo, de la mayor o menor cantidad de piedra caída, de las heladas o no.

Pero hace décadas que la situación no mejora sustancialmente para este sector. Puede haber años mejores que otros, pero la película no devela una pendiente ascendente en materia de ingresos y calidad de vida de estos productores que suman 75% con un promedio de 10 hectáreas cada uno y entre los que el 55% posee, en promedio, una finca que no supera las 5 hectáreas.

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