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12 de noviembre de 2012
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CINCO PERSONAS SE PRESENTARÁN EL VIERNES

Testigos en contra de Romano van a declarar a la Corte de Chile

El máximo tribunal de Chile aceptó que las víctimas de la dictadura en Argentina puedan declarar en la causa contra el ex funcionario de la Justicia federal mendocina Otilio Romano. Se trata de la declaración de cinco de sus acusadores, quienes fueron víctimas de la represión entre 1975 y 1983, y la audiencia se hará el viernes en Santiago. En esa época, Romano fue fiscal federal en Mendoza y ahora es requerido en más de cien causas vinculadas con delitos de lesa humanidad en las que está procesado como partícipe primario. Se trata de un delito cuya única pena es prisión perpetua.

El ex magistrado cruzó la cordillera y llegó a Chile en agosto del 2011. Se fugó de Argentina aprovechando que aún tenía fueros como camarista federal y allí pidió refugio político, el que fue finalmente rechazado por el gobierno de Sebastián Piñera. Unos meses más tarde fue destituido por el Consejo de la Magistratura y, desde ese momento, pesa sobre él una orden de captura internacional.

Además, se abrió un proceso de extradición que lleva adelante el ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz, una de las máximas figuras del ambiente judicial chileno, e identificado con la defensa de los derechos humanos. De hecho, fue quien investigó al dictador Augusto Pinochet por sus cuentas secretas en el exterior. La petición argentina fue hecha para que las víctimas pudiesen ir a Chile a declarar y explicar allí cómo operaba Otilio Romano desde la Justicia en complicidad con el aparato represivo.

Según el expediente de la investigación, en Mendoza comandada por el juez Walter Bento, Romano garantizó la impunidad al no investigar las causas por violación a los derechos humanos. El ex camarista se encuentra viviendo en la ciudad de Reñaca con medidas cautelares, lo que impide su expulsión de Chile, pese a no tener la condición de refugiado.

Las cinco víctimas que declararán en la Corte chilena son Silvia Ontivero, Luz Faingold, Fernando Rule Castro, Alberto Córdoba y Alicia Morales. El pedido fue realizado por los abogados Rodrigo Pérez y Carlos Quezada, quienes representan una ONG chilena vinculada con la defensa de los derechos humanos y fueron contactados desde Mendoza para seguir de cerca y ser partes del proceso de extradición, que está en la recta final. Según declaró Quezada en el diario El Mercurio, quienes vienen a Chile son víctimas directas en casos donde actuó Romano. 

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