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1 de septiembre de 2006
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LA CRISIS DE LA CÁRCEL PROVINCIAL

Tensión por una protesta de penitenciarios

Oficiales reclamaron en la plaza de armas del penal por un descuento salarial. El Gobierno cuestionó al director Lugea y a altos mandos.

    La cárcel sigue siendo un polvorín, y de eso hubo una señal clara ayer, cuando un grupo de guardiacárceles salió a hacer un reclamo por un descuento salarial en plena entrada de la Penitenciaría, medida que preocupó y enfureció al Poder Ejecutivo. Ante este amague de motín, el ministro de Gobierno, Sergio Marinelli, no dudó en culpar públicamente por el episodio al director del penal, Carlos Lugea, y a toda la cúpula del Servicio Penitenciario, lo que dejó a la vista un grave estado de conflicto.

    “Esto habla muy mal de la línea de mandos, que en lugar de generar este tipo de reclamos tendría que haber explicado los motivos de los descuentos. Esto es responsabilidad de Lugea y del resto de los mandos, que muchas veces no ponen la cara”, disparó Marinelli, y advirtió que pedirá un informe de lo que sucedió. Así, por segunda vez en pocas semanas, el funcionario que tiene a cargo la Penitenciaría trató de meter miedo en las filas del Servicio Penitenciario para intentar recomponer la disciplina.

    El primer reto fue ante las quejas veladas de algunos viejos oficiales de la Penitenciaría, quienes protestaron por la llegada de un grupo de penitenciarios federales que hace quince días que están haciendo un relevamiento de la cárcel. Los celos entre oficiales provinciales y de la Nación –la diferencia de sueldo entre unos y otros sería la principal– fueron, precisamente, el caldo de la protesta de ayer.

    Y por ello, si bien oficialmente descartaron que la protesta haya afectado el esquema de seguridad, en la Casa de Gobierno hubo quienes avisaron que tienen las armas para tomar medidas extremas, si se da el caso. Ese menú no descarta la intervención de la cárcel, acción que haría realidad el temor de los oficiales locales: la elite de catorce guardiacárceles retirados que vino de Buenos Aires con la misión de ayudar a mejorar el penal podría tomar el control total establecimiento.

IDO. Otro elemento que calienta el clima en la Penitenciaría es la situación de Lugea, quien advirtió hace rato que se quedará en la conducción de la cárcel sólo hasta octubre. El director no pierde oportunidad de quejarse por la falta de apoyo político que sufre y, según admitió Marinelli ayer, el diálogo entre ambos está cortado. A pesar de ello, el Gobierno se niega a designar un sucesor y sigue agitando una supuesta lista de candidatos en la que figurarían dos civiles y un oficial del servicio carcelario.

    Lo cierto es que la situación de “piloto automático” que sufre la cárcel generó las condiciones de la protesta de ayer, protagonizada por un grupo de oficiales y agentes que no tuvieron problema en hacer una protesta en la propia plaza de armas del penal y de dar conocer su queja por los descuentos en el sueldo a la prensa (ver aparte). Aunque el reclamo de los penitenciarios fue avalado por el presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad, Daniel Cassia, el ministro Marinelli aseguró que no hubo errores de liquidación en los salarios de los agentes de gris, ya que se les pagó en forma proporcional a los días de licencia que tuvieron en julio.

    Y hasta puso en duda que las planillas de horas extras que le pasan habitualmente los jefes de la cárcel sean fidedignas. El funcionario agregó que “el asambleísmo de los penitenciarios es inaceptable”, y hasta admitió que el desempeño de los mandos de la cárcel es malo. Pero, ante el mal trago, prefirió apuntar al mediano plazo, donde todo cambiaría: prometió que, antes de fin de mes, presentará al gobernador Julio Cobos un amplio plan de reforma de la política penitenciaria, la que mejoraría desde la seguridad hasta el siempre sospechado sistema de compras y alimentos del penal.

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