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8 de octubre de 2009
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CONFLICTO TRAS DECISIÓN OFICIAL

Temen cierre de clínicas por suba en tratamiento de residuos patológicos

Lo aseguraron desde la asociación que nuclea a los centros privados y desde los transportistas. Argumentaron que, en otras provincias, el mismo sistema cuesta cinco pesos por kilo.

El decreto firmado por el gobernador Celso Jaque el 20 de julio, por el cual le da el monopolio del manejo de residuos patológicos a la empresa TISALAMCEF, una UTE controlada por Pescarmona, sigue creando polémica en todos los ambientes involucrados. El incremento de 3,50 a 11 pesos que sufrirán los generadores de residuos por kilo puede afectar de diversas maneras el sistema sanitario provincial, al punto tal que comienzan a crecer los rumores sobre que las clínicas deberán decidir entre tres opciones: cerrar, trasladar el costo a los pacientes o afectar el servicio.


     Por ahora, según algunas fuentes, muchas de ellas, nucleadas en la Asociación de Clínicas Privadas de Mendoza, han dado a conocer que en caso de ser ratificado por la Legislatura el decreto que le entrega el negocio a Pescarmona, deberán cerrar sus puertas por no poder hacer frente a los costos que requeriría mantener la atención sanitaria de manera aceptable.


REDITUABLE Y POLÉMICO. No es un trabajo que mucha gente hace, de hecho, en Mendoza, son muy pocas las empresas habilitadas para trabajar con residuos patológicos. Sin embargo, ese negocio, en las condiciones que busca imponer el Gobierno provincial, puede acabar con esos empresarios y dejar todo en manos de una UTE perteneciente a la empresa Pescarmona. Es decir que se convertiría en una especie de monopolio del manejo de residuos de hospitales y clínicas. La recolección consiste en que los centros generadores de residuos colocan en bolsas suministradas por las empresas de transporte todos aquellos elementos patogénicos, que constituyen el material de descarte,( jeringas, gasas, restos de amputaciones, etc). Tras ese primer paso, distintas empresas de transporte recogen ese material y lo trasladan hasta una celda ubicada en El Borbollón, en un terreno perteneciente a la UTE TISA.


     No obstante, el decreto firmado por Jaque el 20 de julio puede modificar esos tres pasos y hacer que TISA se encargue de los dos últimos, dejando afuera a cinco firmas de transporte, al mismo tiempo que obtiene el monopolio del negocio. Ese no es el único problema, ya que, actualmente, las clínicas deben pagar 3,50 por kilo de residuos, pero Pescarmona aumentará esa cifra a 11 pesos, según la oferta que realizó para ganar la licitación que le permitirá quedarse con el negocio.


     Desde la Asociación de Clínicas explicaron que el precio actual del tratamiento de residuos es acorde a lo que se cobra en otras provincias. Incluso, argumentaron que la tecnología que pretende usar TISA-LAMCEF ya es utilizada en otros lugares y el costo no supera los 5,50 pesos. Asimismo, uno de los miembros de la organización explicó extraoficialmente que hubo comentarios en el seno del organismo que se refieren a cierres de algunas clínicas por el incremento de más de 300 por ciento en el costo del tratamiento de los residuos patogénicos. Sin embargo, no es sólo ese aumento, sino la puja de Pescarmona por incluir entre ese tipo de residuos la mayor cantidad de basura doméstica de los hospitales con el argumento de que se encuentran contaminados.


    El problema con los residuos llegó a uno de los centros sanitarios más importantes de la provincia. Según el doctor Walter Vázquez, del Hospital Español, este aumento se sumará a la crisis económica que actualmente sufren los generadores. La misma opinión la tuvieron en la entidad que agrupa a las clínicas, donde explicaron que también se corre el riesgo de que el incremento sea trasladado a los pacientes, debido a que, además, deben hacer frente a los aumentos paritarios que rigen desde setiembre.


SIN TRABAJO. En tanto, desde el sector trasportista, Mauro Sáenz, socio de Respat SA, explicó que los precios que deberá abonar la provincia “son impagables” y que hay que tener en cuenta que el sistema sanitario está en crisis, a punto tal que en los últimos años cerró 30 por ciento de las clínicas, mientras que las que aún subsisten muchas veces lo hace apenas con 2 por ciento de rentabilidad.


    Por otro lado, explicó que si actualmente el Ministerio de Salud tuvo que pedir plata al área de Seguridad para solventar gastos, no se sabe cómo hará si el decreto es aprobado y los costos aumentan de 500 mil pesos mensuales a 3,5 millones de pesos. Además, según afirmó Sáenz, serán alrededor de 1.500 familias las que perderán su fuente de ingreso, al quedar las cinco empresas transportistas fuera de la cadena de tratamiento.

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