Los taxistas y propietarios de taxis que se presentaron en la audiencia pública por el incremento tarifario para estos transportes reiteraron el pedido de aumentos trimestrales al Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), debido a que actualmente se evalúan por año, pero los gastos aumentan mes a mes, según reclamaron.

El encuentro se realizó este miércoles en la Nave Universitaria, donde se presentaron 5 expositores para dejar constancia de su opinión ante el tema. 

Tanto desde el EMOP como los propios taxistas estuvieron de acuerdo en que el porcentaje de aumento que busca el sector (71,66%) es una cifra “abrupta” para los pasajeros. “Por eso sostenemos que la tarifa debería actualizarse cada tres meses y de forma automática, para no llegar a esta situación”, indicó Juan Tur, empresario del rubro.

Sin embargo, la diferencia está en que el Ente evalúa que los costos han aumentado sólo un 45,43%, por lo que considera razonable una suba de la tarifa que sea proporcional. Entre los componentes de la matriz de costo se consideró un recorrido promedio: 10.500 kilómetros mensuales de taxi con GNC, utilizado por más de un chofer, que cobra el 30% de la recaudación, además de otros gastos fijos y variables.

“No somos ajenos a los problemas de taxis y remises. Esta audiencia era precisamente para el análisis de costos ante un posible aumento de tarifas. Aplicar un 71%, o 75% como presentó San Rafael, sería imposible de pagar para el usuario y más perjudicial para el servicio“, observó Carlos Matilla, presidente del EMOP.

Las diferencias en los cálculos surgen, de acuerdo con Matilla, por cuánto se pueden utilizar algunos ítems según los estudios de cada entidad. El EMOP, por ejemplo, señala que las cubiertas pueden durar 5 mil kilómetros, pero los taxistas aseguraron que eso no ocurre en la práctica. Otro punto de diferencia fue también el monto de los impuestos, ya que los propietarios sostienen que son más de lo que informó el EMOP.

Sin embargo, Matilla no descartó la idea de aumentos por tramos dentro de cada año: “Es un sistema que hay que estudiar, puede ser factible. Quizás si la suba fuera primero de un 10% y unos meses después un 20, se vería distinto en la sociedad. Hoy todo se calcula por año, como pasa con los colectivos”.

Jorge Maggi, de la Asociación de Taxis y Remises de Sur mendocino (ATASUR), defendió la postura del aumento del 75%, basado en la evolución de la inflación y del precio del dólar. “Parece algo absurdo, pero se explica cuando ves cómo subieron ambas variables. Nuestro margen de rentabilidad es del 10% al mes: un poco de inflación nos castiga fuerte. A los dos meses quedamos desactualizados, por eso pedimos revisiones periódicas, como en Buenos aires”, apuntó.

Además, Maggi señaló que las 10 mil fichas que cobra un taxista, que tradicionalmente equivalen a un sueldo básico de un empleado de comercio, “hoy no alcanzan a ser el Mínimo Vital y Móvil”.

Desde el Sindicato de Obreros de Taxis y Remises San Rafael, Daniel García agregó que el promedio que se recibe es de $16.500 mensuales. “Un trabajador no puede mantener a su familia con eso. Muy pocos tienen casa propia y los alquileres aumentan cada seis meses, pero la tarifa sigue igual“, reclamó.

Uber y la clandistinidad “camuflada”

Durante la audiencia, los expositores dejaron ver que todavía no se “perdona” la modificación a la Ley de Movilidad que le abrió la puerta a las plataformas digitales como Uber y Cabify. Sin embargo, la acusación principal no fue ante la pérdida de clientes frente a estas aplicaciones, sino del supuesto uso que le dan las remiserías clandestinas.

“El problema número uno es la ilegalidad. Antes había 2.500 autos truchos, hoy son 6 mil. Se esconden detrás de Uber para trabajar en remiserías truchas”, denunció el empresario Juan Tur. “De cada cinco viajes, uno es por la aplicación, pero cuando los paran ahí nomás dicen que trabajan con la plataforma”.

Además, María José Becerra, una taxista y propietaria, puso énfasis en que la Ley de Movilidad establecía un impuesto del 1% para estas empresas, el cual se destinaría a un fondo con el objetivo de dar créditos para cuando se quisieran renovar las unidades. “Hoy es imposible conseguir que nos den algo de eso, en ningún lado saben dónde está ese dinero”, aseguró.

En declaraciones posteriores a la audiencia, el director del EMOP explicó que la ley establece ese impuesto a las empresas registradas fuera de la provincia. “Lo que hicieron Uber y Cabify fue constituirse dentro de Mendoza, registrando sus oficinas acá y, por lo tanto, quedando fuera del alcance del impuesto“, detalló Matilla.