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12 de febrero de 2020
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Opinión

Suspenden el sueldo a magistrada tras 2 años de licencia por fatiga e insomnio

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El caso es inédito porque nunca antes en dependencias del Poder Judicial se había dispuesto y ordenado la suspensión de los haberes mensuales a un magistrado que no fuera por la vía de un Jury de Enjuiciamiento.

El caso de una magistrada que se desempeña como asesora de Menores e Incapaces de Las Heras, a la que el Ministerio Público de la Defensa de la provincia le suspendió el pago del sueldo tras una licencia psiquiátrica que ha superado ya los dos años de vigencia, ha provocado un revuelo de proporciones inusitadas en los tribunales mendocinos. El punto es que nunca antes en dependencias del Poder Judicial, afirman quienes están cerca del proceso y debieron hacer un seguimiento del caso desde lo administrativo y también desde lo técnico y jurídico, se había dispuesto y ordenado la suspensión de los haberes mensuales a un magistrado que no fuera por la vía de un Jury de Enjuiciamiento. Hablan, en concreto, de un acontecimiento inédito, y que por eso asombra en los pasillos de los tribunales. También hay que decir que sorprende hacia fuera de los muros del Palacio; de los muros del poder menos controlado y supervisado de los tres que componen el sistema republicano.

La magistrada a la que se le suspendió el pago del sueldo tiene 44 años y 14 de antigüedad en el Poder Judicial. Durante los dos años en los que ha tenido vigencia la licencia por cuestiones de salud cobró el sueldo correspondiente. Los registros indican que en octubre del 2019 percibió 180 mil pesos, aproximadamente, y en noviembre, alrededor de 200 mil, netos, de bolsillo. Esta pesquisa periodística no pudo dar con el monto de los haberes correspondientes al mes de diciembre, pero en enero del 2020 el monto liquidado fue de cero pesos.

En el último año de la licencia, de acuerdo con lo que se está investigando y corroborando, al menos, hasta que las resoluciones queden firmes, la magistrada olvidó, obvió o evitó justificar 64 días de inasistencias. Por ello y por otras dudas en torno al procedimiento médico que determinó el grado de padecimiento que se le diagnosticó a la magistrada que, cuando se cumplieron los dos años de licencia médica, comenzó a regir el año de guarda o de reserva del cargo, pero ya sin el beneficio del sueldo mensual.

La jueza se encuentra de licencia médica desde el 15 de diciembre del 2017. La ley 5.811, la que regula el régimen de licencia para los empleados públicos, les da derecho a los agentes de contar con la licencia paga por razones de salud durante un año. Pero una acordada de la Suprema Corte ha extendido ese plazo a dos años. Cumplido el tiempo, al agente, en este caso a la magistrada, se le tiene que reservar el cargo o el puesto que ha ejercido por el plazo de un año más. La magistrada Sarcinella, de acuerdo con los certificados médicos que presentó en su momento, padece un “trastorno depresivo ansioso, con síntomas como insomnio, fatiga, despertar precoz y angustia vital”. La licencia, que había comenzado en diciembre del 2017, se extendió hasta el 15 de diciembre del 2019. Sin embargo, entre el 3 de junio al 5 de agosto del 2019, durante esos 64 días, no hay registros válidos y ciertos que certifiquen y justifiquen la dolencia padecida por la asesora de menores. Al menos es así para el Ministerio Público de la Defensa.

El caso de Sarcinella recuerda a otro con ribetes escandalosos y que saltó a la fama como el de la “fiscal viajera”, con referencia a la magistrada Anabel Orozco, quien resultó destituida luego de que se corroborara que incurrió en “fraude a la administración pública” por simular una enfermedad; pero, mientras se encontraba haciendo uso de una larga licencia, en sus redes sociales subió fotos en la que se la veía de vacaciones en Brasil junto a un grupo de amigas. Luego de ser descubierta, Orozco debió enfrentar un Jury en su contra para ser finalmente destituida.

Dos resoluciones del Ministerio de la Defensa se ocupan de la situación de la magistrada Sarcinella. Una de ellas es del 16 de diciembre con el número 362/2019; la otra, más reciente, es de fecha 7 de febrero del 2020 y tiene el número 001/2020 y hace referencia al expediente 107, que se ocupa de un recurso de revocatoria presentado por la magistrada –y rechazado– y por el que intentó no ser sancionada por los 64 días en los que no figuran justificativos para su inasistencia. En el Ministerio de la Defensa no descartan que por esa razón la asesora pueda ser sometida a un Jury.

El caso de Sarcinella repercute en los pasillos de los tribunales mendocinos por, como está dicho, la decisión de suspenderle el pago de los 200 mil pesos de sueldo mientras se analiza un posible Jury. Pero, en el ámbito del Poder Ejecutivo, situaciones similares o con algún grado de semejanza de agentes públicos ausentes de sus puestos de trabajo o con faltas injustificadas, han sido casi una moneda corriente y sancionadas. El último conocido se dio a conocer en diciembre, cuando fue dejado cesante Marcelo Martín Romano, que tenía un cargo de planta reservado en el Ministerio de Economía y otro reservado en el Congreso de la Nación, donde había sido asesor de la ex senadora nacional y ex vicegobernadora de la provincia Laura Montero.

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