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19 de junio de 2007
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CRÉDITOS DE EX BANCOS OFICIALES

Suspenden cobro judicial a 800 deudores agrícolas

La situación de unos 800 pequeños productores agrícolas deudores, quienes habían recibido préstamos de los ex bancos oficiales y nunca los devolvieron, motivó a los legisladores a sancionar una ley para evitar que paguen de más.

    La situación de unos 800 pequeños productores agrícolas deudores, quienes habían recibido préstamos de los ex bancos oficiales y nunca los devolvieron, motivó a los legisladores a sancionar una ley para evitar que paguen de más. Es que hoy, por más que sus pasivos se actualizaron –5.000 pesos cada uno– y luego se dispusieron quitas por ley, lo que les permitió que sus deudas se redujeran al crédito tomado –1.000 pesos cada uno, en promedio–, la Dirección de Administración de Activos de ex Bancos Oficiales (Daabo) quería cobrarles, a través de la empresa tercerizada Cerecred, los honorarios de los abogados y demás costos judiciales. Por lo tanto, el cobro no sólo significaba pagar la deuda original, sino que prácticamente se duplicaba, ya que el costo judicial se calculó no sobre la deuda definitiva a pagar –1.000 pesos–, sino sobre la deuda actualizada –5.000 pesos–.

    De esta manera, en lugar de pagar 1.000 pesos finales, tenían que desembolsar alrededor de 2.000, ya que a lo inicial se sumaban otros 1.000 en concepto de honorarios, cuando en realidad esos costos no deberían superar los cien pesos promedio. “Estamos hablando de pequeños agricultores calificados como analfabetos judiciales. Esto quiere decir que por más que recibían cartas documento y demás papeles, no los entendían y no les daban importancia.

    Sus deudas se actualizaron y luego tuvieron quitas, pero en lugar de pagar lo que correspondía se los estaba obligando a pagar prácticamente el doble, por los costos judiciales”, expresó ayer a El Sol Raúl Milla, diputado justicialista e impulsor de la iniciativa de suspensión de los cobros judiciales para este grupo de trabajadores de toda la provincia, quienes estaban nucleados en el Plan Agrisol (Agricultura Solidaria).

    Ahora, desde la Legislatura se impulsarán reuniones con los directivos de la Daabo para que esos agricultores finalmente no paguen de más. Pero lo que en definitiva se analizará es el futuro de esas deudas, porque, según explicó el diputado Millán, se trata de mendocinos que no tienen dinero para afrontar ese gasto, por eso se les ha lanzado un salvavidas (ver aparte). De esta manera, durante ese plazo estas personas estarán amparadas para no tener que pagar de más.

    Sin embargo, será necesaria una ley para definir lo que pasará después de ese lapso. Así, en sus últimas sesiones, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores ordenaron la suspensión por el término de noventa días de todos los procedimientos de cobro judicial o extrajudicial iniciados por la Daabo, incluyendo los encomendados a la entidad cobradora (Cerecred) en todo el ámbito de la provincia, correspondientes o derivados de la operatoria del denominado Plan Agrisol.

    El proyecto pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación. La Daabo controla y fiscaliza el cobro, que hoy lleva a cabo la firma Cerecred. Hay que aclarar que, en esta oportunidad, la suspensión del cobro judicial es sólo para estos pequeños productores y no para los demás deudores de los ex bancos oficiales mendocinos.

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