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24 de marzo de 2020
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Opinión

Suarez, la poda del sueldo de los funcionarios y la función del Estado

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Debió llegar el coronavirus, el maldito nuevo virus del que se sabe muy poco, para que la política comience a incluirse entre los sectores ajustados.

Recién cuando la parca golpeó su puerta, la política comenzó a reaccionar. Mendoza estuvo en boca de todos, por varias horas, luego de que el gobernador Rodolfo Suarez anunciara que había tomado la decisión de reducir los sueldos de los funcionarios políticos –un poco menos de 300–, e imponerles un tope de 50 mil pesos para cada uno, medida que no se extenderá por mucho tiempo, sino que, por el momento, regirá para este mes.

La llegada y propagación a paso firme, ya entre nosotros, de una pandemia que a comienzo de año se observaba a lo lejos, al otro lado del mundo y con gentes y países involucrados tan exóticos como los asiáticos, han puesto las barbas en remojo de la política. Para ser claros, siempre resulta efectivo y atractivo cargar la rondana de ese permanentemente activo festival de improperios destinados a nuestros políticos. De ahí que algunos entendemos que apuntarles a la política y “a los políticos” es tomar un camino peligroso por los resultados tramposos que puede provocar, particularmente en una sociedad que suele tener comportamientos pendulares sobre el sentimiento en torno a las garantías constitucionales, con todos sus derechos y obligaciones: en tiempos se celebran y defienden efusivamente y en otras se llegan a cuestionar y criticar, con la política dentro, siendo la política –qué duda cabe– la única que puede dar respuestas satisfactorias en términos generales dentro del sistema.

Pero, también, es tiempo de reconocer que la Argentina ha crecido y que puede estar saliendo, quizás, de ese estado adolescente que la acompaña desde mucho tiempo a esta parte. Con lo que apuntarles a las falencias de la democracia, como a ese mal en proceder general de la política y de los políticos, como a las de los medios y los periodistas, no hace peligrar ningún sistema. Y hasta, por qué no, debería hacerlos mejor o convertirlos en actores beneficiosos y virtuosos.

Se puede decir, entonces, que debió llegar el coronavirus, el maldito nuevo virus del que se sabe muy poco, para que la política comience a incluirse entre los sectores ajustados. Porque no hay que olvidar que apenas asumido el gobierno de Alberto Fernández, o el cuarto kirchnerismo, si se quiere, se impulsó y se votó masivamente la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública que afectó a medio mundo con la excepción de… (adivinó): la política y los políticos.

La amplísima Ley de Solidaridad, mal llamada de solidaridad para muchos, confirmó un ajuste descomunal, quizás necesario, para casi todos los sectores económicos: prorrogó el presupuesto 2019; confirmó el cepo para la compra de dólares a la suma de 200, como así también el impuesto del 30 por ciento para adquirir moneda extranjera en el circuito legal; modificó la estructura tarifaria de los servicios públicos; estableció los primeros parámetros para negociar la deuda externa y modificar el sistema previsional, cambios que dejarían fuera de los aumentos de haberes a millones de jubilados que levemente superaban el monto mínimo. En fin, tras esa ley, una verdadera norma de emergencia que le proporcionó, incluso, facultades extraordinarias al presidente sin pasar por el Parlamento, se ordenó una fenomenal transferencia de recursos de sectores castigados, los medios, a los siempre postergados y permanentemente asistidos, los más vulnerables.

Pero el sistema político había quedado indemne. Más tarde se tomaría como objetivo una profunda reforma de las jubilaciones de privilegio, mientras la política, el gasto político para ser más preciso, siguió indemne. Un gasto político no sólo identificado en los salarios de los funcionarios políticos de todos los niveles, sino en la cantidad de asesores y supuestos colaboradores de senadores y diputados nacionales y provinciales, sumado a ese eterno ejército de ñoquis, agentes invisibles de todos los Estados que han engrosado el gasto del dinero público.

Es probable que ahora, con la pandemia del coronavirus en la puerta, la clase política haya comenzado a tomar conciencia de que el dinero público es finito; que no se puede de manera permanente extraerle recursos a una economía privada y particular que no ha hecho otra cosa en la Argentina, en términos generales, que financiar el gasto público desordenado y sin freno, porque llega un día, en este caso una pandemia mundial, que no hay plata que alcance y, lo peor de todo, es que no hay de dónde sacar más.

El ejemplo de Mendoza se va a multiplicar, seguramente. Y así debe ser. Entonces, se podrá confirmar aquello que, si se van eliminando los gastos improductivos, el Estado se encuentra con más poder de reacción y de respuesta para lo que es verdaderamente esencial, obligatorio y necesario. Es durante las catástrofes y las pandemias, como la que estamos sobrellevando, cuando el Estado tiene que alcanzar su real magnitud y fortaleza. Para eso está, para eso es. Para controlar los abusos, para regular los desquicios, para dejar trabajar y permitir el progreso de los sectores de donde extrae los recursos vía impuestos, para garantizar las herramientas y oportunidades que debe tener todo el mundo y para hacer que las cosas funcionen. Así de simple.

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