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19 de octubre de 2009
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SERVICIOS PÚBLICOS

Sospechas por aumento de la litigiosidad de Edemsa contra el Estado

Defensores oficiales presumen que la empresa podría utilizarlo para negociar subas tarifarias

La mayor distribuidora del servicio eléctrico mantiene activas más de una decena de demandas contra el Estado. Incluso, en los últimos meses, los defensores oficiales observan un incremento de la litigiosidad por parte de la concesionaria del servicio público que, según sospechan, serviría como moneda de cambio para exigir incrementos tarifarios el año próximo. Lo cierto es que la Fiscalía de Estado contabiliza 19 demandas activas contra el Estado, de las cuales, 18 ya están en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la otra en el Octavo Juzgado Civil de la Provincia.


     En su mayoría se trata de rechazos a resoluciones emitidas desde el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), relacionadas con pagos por subas de tensión u otras anomalías, aunque también hay desde pedidos de inconstitucionalidad por los aumentos concedidos por el Ejecutivo hasta pedidos de modificaciones para aplazar los tiempos establecidos en el contrato de concesión. En este escenario, el viernes llegó a la Fiscalía de Estado la notificación de que la empresa también elevó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazando la sentencia que dio negativa por el reclamo que hiciera Edemsa en torno al tendido eléctrico de Costanera y Vicente Zapata.


    El requerimiento, que fue llevado a la Justicia durante el último tramo del gobierno de Julio Cobos, fue por tres millones de pesos y se basó en el traslado de un cable subterráneo de 132 kilovatios (KV) de tensión que atravesaba la obra en construcción del nudo Vicente Zapata y Costanera que no debía tocarse. Sin embargo, por las obras que demandaron casi tres años, el Gobierno tomó la opción de hacer dos bypass, con lo que hubo que cortar el cable en cuatro partes y se hicieron 12 empalmes. Fue en el verano del 2007 cuando se registraron los mayores inconvenientes y un día hasta 40 mil usuarios se quedaron sin energía por 15 minutos.


     Por este problema, la empresa habló de un sistema al borde del colapso, realizó las obras y demandó a la Provincia por daños temidos. Este tipo de reclamo judicial tiene lugar en los tribunales cuando hay temor de que algo grave pueda suceder. Sin embargo, desde el 2007 hasta la actualidad, el apagón anunciado no se concretó, y los tribunales locales dieron sentencia favorable a la Provincia. No obstante, Edemsa apeló otra vez a la Corte nacional, en la que mantiene otras 18 demandas. Entre los reclamos que se encuentran en pie, según los registros a los que pudo acceder El Sol en la Fiscalía de Estado, hay una acción judicial iniciada en el 2008, por la cual, Edemsa solicita que se prorrogue el plazo de la Etapa 1 del contrato de concesión hasta el 2013.


    Esta acción es la única que se encuentra en un juzgado Civil de la provincia, porque el resto ya pasó los tribunales locales y está en el máximo órgano de Justicia nacional. Entre los pedidos que Edemsa presentó en el 2009 hay uno en la Nación mediante el cual se rechazan resoluciones del EPRE que hacen responsables a Edemsa por cortes no programados en el Hospital Central. Una de las demandas más inesperadas llegó a fines de agosto, cuando la empresa pidió ante la Corte mendocina la inconstitucionalidad del decreto de aumento tarifario firmado por el Ejecutivo tras las elecciones del 28 de junio.


    Esta acción aún está para resolverse en los tribunales locales, pero si sale favorable al Gobierno, la empresa podría recurrir al máximo tribunal nacional, aumentando a 19 las demandas activas. Concretamente, Edemsa solicita que el incremento tarifario sea retroactivo a febrero –es decir, seis meses antes de lo que quedó fijado– y pretende que se incorpore la polémica cláusula de ajuste por inflación. Si este último pedido se cumpliera, los mendocinos podríamos sufrir varios reajustes anuales y, así, el aumento tarifario que se dio por decreto y ya fue ratificado hasta por audiencias públicas podría dispararse en cuestión de meses.


     En el seno del Ejecutivo calculan que ambos pedidos significan nada menos que 250 millones de pesos, y hace poco más de 15 días elevó a la Corte el rechazo, por lo que, ahora, el máximo tribunal será el que deba resolver. En este contexto, abogados de la Asesoría de Gobierno pero también de la Fiscalía de Estado siguen uno a uno los casos. Es que el temor de que Edemsa esté acopiando pedidos judiciales para utilizar como moneda de cambio para renegociar nuevas subas tarifarias ya está instalado en el círculo más íntimo de Celso Jaque.

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