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24 de septiembre de 2006
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SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA

El proyecto sancionado por la Cámara de Senadores

    El proyecto sancionado por la Cámara de Senadores que pretende suspender la actividad minera merece los siguientes comentarios:

    a) es claramente inconstitucional, ya que de ninguna manera la Legislatura provincial puede suspender la vigencia de un código nacional como es el minero. Así como no se puede suspender la vigencia de los códigos Penal o Civil, tampoco se puede hacer eso con el minero. En todas las cátedras de derecho minero se enseña esto que estoy señalando, no hace falta ser abogado para saberlo, alcanza con ser estudiante de Derecho.

     b) se confunde el “derecho” minero con el “ejercicio” de ese derecho. En todo caso, el proyecto podría haber dispuesto la suspensión de la emisión de declaraciones de impacto ambiental (así se llaman las autorizaciones para poder emprender la actividad), pero nunca dejar de otorgar los derechos, pues no son los derechos los que contaminan, sino su ejercicio. En fin, un error que un legislador no puede cometer.

    c) toda actividad minera debe contar antes de su ejercicio con la aprobación de un informe de impacto ambiental, pues aún cuando se tengan los derechos, los mismo no podrán ser ejercidos sin la necesaria aprobación de la autoridad y, según dispone el decreto 820, antes que nada debe participar la comunidad, cualquier interesado, los municipios y una red de vigiladores particulares. Esta norma que está vigente vuelve más estricto el control ambiental e impone más exigencia en los informes y suma la participación de la comunidad. No hace falta para proteger el medio ambiente, atacar a la minería, hay que cumplir con la ley.

    d) el proyecto sancionado traerá problemas judiciales a la provincia, pues más temprano que tarde las acciones de inconstitucionalidad contra una ley con ese alcance tendrán éxito y como siempre pagaremos todos los mendocinos los daños que se causen. Doy por descontada la catarata de demandas contra el Estado que esto generaría por la denegación de un derecho amparado en una ley nacional.

    Conclusión: evidentemente el proyecto es “anti minero” y no “pro ambiente”, pues priva de derechos a la minería y nada dice del petróleo, de los agroquímicos del agro, del canal Pescara. Evidentemente, el proyecto es un golpe bajo a la minería y una maniobra oportunista que ha encontrado la excusa justa con un tema sensible socialmente hablando, aprovechando la inexcusable inacción del Gobierno en no presentar nunca el plan ambiental que exige la ley, usado por los cerebros de la anti minería.

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