Lo primero que tendría que estar haciendo el Gobierno de Mendoza es implementar la Ley de Educación Sexual en las escuelas para prevenir los abusos; fortaleciendo a niños, niñas y adolescentes en sus derechos, ya que la mayoría de estos hechos aberrantes suceden en el ámbito de la familia, y se naturaliza. En segundo lugar, debería tomar posturas claras y repudiables hacia aquellos funcionarios públicos, como es el caso del diputado Rogelio Gil, quien se sostiene en este paradigma de naturalizar los abusos responsabilizando a las niñas “que insinúan” de semejante flagelo social.
Tercero y fundamental: adherir a la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sancionada en abril de este año para que se reglamente en el ámbito provincial (desde el Colectivo de Mujeres Juana Azurduy presentamos una propuesta a principio de año). Y por último, retractarse respecto de considerar la castración como solución para evitar delitos sexuales, ya que es un anuncio retrógrado, demagógico y que corre el eje del problema, que no es químico ni biológico, sino político y social
