Los beneficios alcanzarían a unas 400 familias, las que están pasando por esta situación desde casi seis años. Por otro lado, en Mendoza existe 50% de tierras con derecho a agua y son improductivas. La sanción de la ley de expropiación permitiría a familias como las de Divisadero, en San Martín, acceder y trabajar en las tierras de las que fueron desalojados en forma violenta. Esta situación se extiende por toda la provincia, como en San Rafael, donde más de 25 familias que habitan los campos hace más de 45 años han sufrido la expropiación de 5.000 hectáreas, las que fueron cercadas.
“La Justicia está del lado de ellos”, afirmó Macario Rodríguez, puestero sanrafaelino que fue amenazado mediante una intimación que le prohibía dejar pastar sus animales en terrenos que habían sido cercado por una alambrada, la que limitaba los terrenos pertenecientes a un particular y en los que vivió toda su vida. Según dijeron los puesteros, la policía del lugar, al igual que en Divisadero, actuó intimidando y advirtiendo sobre dicha notificación.
Además, van vestidos de civil acompañando a los abogados y amenazando con imputaciones y desalojos en forma irregular, ya que no son acompañados por ningún juez o fiscal. Ante esta situación, comentó Diego Monton, vocero de la organización, los campesinos no pueden hacer nada y sólo les queda un camino legal: apelar a la Ley de Desarraigo, por la cual algunos han podido permanecer en los lugares. Monton recalcó la importancia que tiene el campo en el esquema productivo del país y la necesidad de trabajarlo.
