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14 de mayo de 2007
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RIESGO DE PAROS

Semana de tensión en el transporte público por los contrastes salariales

El Gobierno decretará un aumento de 15% en el kilómetro recorrido para que Autam pueda solventar la suba de los sueldos de los choferes. Sin embargo, rechazaría equiparar el ingreso de los conductores del Estado con el de los privados.

    Los contrastes de la política oficial en materia de transporte público volverán a provocar tensión esta semana entre el Gobierno provincial y los empleados del área. Es que, por un lado, el Poder Ejecutivo emitirá un decreto en el que cederá al reclamo de los empresarios del transporte, quienes habían pedido un incremento en la tarifa del kilómetro recorrido para poder afrontar los sueldos de sus choferes, que fueron elevados a 2.000 pesos.

    En cambio, con sus propios choferes, el Estado actuará distinto: hasta ayer, el Gobierno mantenía la postura de no aceptar la equiparación salarial con los conductores privados, algo que exigen los empleados de la empresa estatal de troles. El Gobierno y los choferes estatales volverán a juntarse el miércoles a las 9, en la Subsecretaría de Trabajo, para tratar de conciliar una solución. De no existir acuerdo entre las partes, los conductores volverán a paralizar el servicio, tal como ocurrió el martes.

PARA AUTAM, QUINCE POR CIENTO. La suba del kilómetro recorrido será cercana a 15 por ciento y el decreto respectivo del Gobierno verá la luz esta semana. Así, el kilómetro que cobran los dueños de los colectivos subirá de 2,90 pesos promedio a cerca de 3,40 pesos. Los empresarios de Autam hicieron su pedido de aumento unos días después de haber cerrado un acuerdo salarial con el sindicato de los choferes de colectivos (Sipemom), que derivó en un incremento de 19 por ciento para los conductores (inicialmente, los trabajadores reclamaban casi 40 por ciento).

    Autam buscó trasladar este costo directamente al Estado, ya que la suba que le reclamaron los empresarios por nota al Ministerio de Ambiente y Obras Públicas fue de 20 por ciento. Sin embargo, Patricia Gutiérrez, subsecretaria de Servicios Públicos, sostuvo ayer que le darán a los dueños de los micros una suma inferior a la exigida. De todos modos, la funcionaria recalcó que el Gobierno no puede eludir el reclamo empresario, ya que el contrato lo obliga a renegociar el precio del kilómetro cada vez que los costos del transporte público sufren variaciones superiores a 5 por ciento.

    Esta situación quedó comprobada en los estudios de costos, que pusieron al Estado frente a la obligación de aumentar el kilómetro por dos motivos: la última suba salarial otorgada a los choferes y la inflación. Respecto de este último ítem, el Gobierno tuvo que reconocer que aumentaron los repuestos de los micros. Pero mayor aún fue la suba de las unidades que, por contrato, Autam debe renovar periódicamente: el precio de los colectivos cero kilómetros subió de 150.000 a 250.000 pesos.

PARA LOS CHOFERES, NADA. Aunque los choferes privados recibieron 19 por ciento, el Gobierno se resiste a darles ese mismo aumento a los conductores que trabajan para el Estado. “Algo les vamos a decir el miércoles”, adelantó lacónicamente ayer una fuente oficial cuando este diario consultó si habrá una oferta salarial que evite posibles paros. El Poder Ejecutivo se ha plantado en un discurso: no habrá aumento porque los conductores de troles y micros también son empleados estatales y el personal de la administración pública ya recibió, en marzo, una suba de entre 13 y 18 por ciento. Además, la estrategia oficial sería destacar que, por ser empleados públicos, estos choferes tienen varios beneficios que sus colegas privados no poseen.

    Sin embargo, lo que el Gobierno no puede negar es la brecha salarial que existe en el mismo rubro laboral, ya que los conductores del Estado cobran poco más de 1.600 pesos. Para colmo de males, los contrastes salariales se trasladan incluso al seno de la propia Empresa Provincial de Transporte, ya que allí parte de los choferes tiene que conformarse con ese salario, aunque otros sí cobran los 2.000 pesos que pagan las líneas privadas. Este privilegio favorece a los choferes del grupo 2. El Estado le quitó esta línea al empresario Corsino por prestar un mal servicio. Pero se quedó, como herencia, con la planta de choferes, que está amparada por un régimen de contratación privada y, por ello, cobra como tal.

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