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20 de agosto de 2019
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El caso ocurrió hace más de 9 años

Se volvió a caer “el juicio más largo de la historia”

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El ex comisario inspector buscó la suspensión de juicio a prueba. El caso llegó hasta la Corte pero se ordenó un juicio.

Se trata del proceso por los guanacos acribillados en el 2010, que había arrancado en junio con un ex comisario en el banquillo después de años de planteos. Se suspendió por la enfermedad de un juez. El tribunal no se volvió a conformar y se vencieron los plazos que establece el Código Procesal Penal. Tienen que volver a sortear a los magistrados.

Los abogados con años de pasillo en los Tribunales provinciales que conocen la causa se ríen cada vez que se les pregunta si hubo una resolución. Sostienen que no le encuentran sentido a un expediente sin sentencia a más de nueve años del hecho.

Se trata del caso que tiene como protagonista al ex comisario inspector de la Policía de Mendoza Alejandro Olivera (jubilado desde el 2014), acusado de acribillar a una pareja de guanacos en Villavicencio, utilizando bienes del Estado, mientras era el responsable máximo de la fuerza en Ciudad.

En el Poder Judicial llaman al proceso “el más largo de la historia”, debido a que, por hache o por be, el imputado termina fuera de la sala de debate sin un fallo.

Ver también: El comisario imputado por peculado finalmente se sentó en el banquillo

A principios de junio, luego de una batería de presentaciones del Ministerio Público, la defensa –principalmente– y también los letrados querellantes a lo largo de los años, Olivera y otro efectivo se sentaron en el banquillo de los acusados para responder por el hecho ocurrido el 26 de junio del 2010.

Hasta comenzaron a declarar los primeros testigos. Sin embargo, al otro día, uno de los jueces que integran el tribunal, José Luis del Pópolo, sufrió una descompensación en el Palacio Judicial y tuvo que ser reanimado.

El magistrado se encontraba en su despacho del tercer piso del edificio de calles Patricias Mendocinas y Virgen del Carmen de Cuyo cuando comenzó a sentirse mal. Sufrió un infarto. Gracias a una rápida intervención de los profesionales de la salud del lugar lograron salvarle la vida.

Pasaron más de 15 días –plazo máximo establecido por el artículo 377 del Código Procesal Penal– y el tribunal colegiado, que completaban Marcelo Gutiérrez del Barrio y Ezequiel Crivelli, no volvió a conformarse.

No había “un cuarto juez suplente” para ocupar el lugar de Del Pópolo, como aseguraron en los Tribunales, y el juicio se cayó.

En las últimas horas, el abogado querellante por las protectoras de animales, Oscar Mellado, pidió la nulidad del debate porque se violó el principio de continuidad y que vuelvan a sortearse los magistrados.

Esto podría suceder en los próximos días. Una vez que se conforme el nuevo tribunal, se volverá a fijar fecha para la audiencia de inicio y los testigos deberán declarar otra vez lo que ya detallaron ante las partes.

Ver también: El caso del comisario acusado de matar guanacos con armas del Estado llega a juicio

Empantanado

Lo cierto es que la causa atraviesa caminos sinuosos desde que iniciaron las primeras actuaciones.

A fines de junio del 2010, el otrora comisario Olivera y quien era su chofer, José Luis Vera, llegaron a la reserva ubicada en Las Heras con otras personas en una camioneta policial.

La investigación sostiene que habían ido a practicar tiro con un FAL en un lugar no habilitado. En un momento dispararon contra una pareja de guanacos (la hembra estaba preñada) y la acribillaron.

En la escena se levantaron 19 vainas servidas calibre 7.62, luego de que fueran sorprendidos por personal de Recursos Renovables Naturales. Los rumiantes eran llevados en la cajuela del vehículo policial y estaban llenos de sangre.

En un principio, el ex jefe policial de Capital también fue imputado por infringir la Ley de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre, pero terminó sobreseído el año pasado por prescripción, es decir, por el tiempo trascurrido sin resolución.

Debido a esto, sólo debe responder por peculado. El Ministerio Público entendió que defraudó la confianza del Estado al utilizar elementos que debían estar disponibles para el bien común (el FAL y la camioneta policial). Arriesga entre 2 y 10 años de cárcel.

Vera, por su parte, sí debe responder por las dos imputaciones, debido a que continúa siendo parte de la Policía a pesar de que está de licencia por enfermedad.

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