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12 de abril de 2007
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EJECUTIVO Y JUSTICIA

Se retrasa plan de Seguridad y el CPP

El gobernador había pedido para este mes que los jefes tuvieran más poder y delegaciones de investigaciones. Pero esto no será así, por lo menos hasta el 1 de mayo, porque está en duda la tercera etapa del Código Procesal Penal

    El caso Jonathan Oros, un joven que terminó muerto a manos de un policía en la Comisaría 33ª a principios de año, no fue uno más para la administración de Julio Cobos. Por esto, a fines de enero, el gobernador sintió el cimbronazo político y ordenó que se cumpliera una serie de medidas preventivas para contrarrestar la violencia en las calles. Les encargó a sus subordinados del Ministerio de Seguridad que trabajaran en tres ejes operativos.

    Dio como plazo los primeros días de abril pero el anunciado plan se retrasó –como sucede en la mayoría de las propuestas que vinculan a la cartera que comanda Miguel Bondino– y no verá la luz, por lo menos, hasta el 1 de mayo, tal como aseguró a este diario el director del área de Investigaciones, Carlos Sala. La creación de delegaciones departamentales de Policía Científica e Investigaciones y el otorgamiento de poder a los jefes departamentales para que tuvieran a disposición el número de efectivos que requirieran eran el puntapié inicial para que la fuerza policial tuviera más intervención en la resolución de los delitos.

    Lo que tenía pensado Cobos era lanzar esta batería de medidas junto a la aplicación de la tercera etapa del nuevo Código Procesal Penal (CPP), porque dependen directamente de ello. Es decir, las nuevas directivas del gobernador están vinculadas al CPP debido a que, desde diciembre del 2004, las técnicas para investigar en el Gran Mendoza son lideradas por los fiscales de Instrucción, en aquellos delitos que superan los tres años de condena, y no por la fuerza policial.

    Pero, en el Poder Judicial, las versiones son contradictorias. Por un lado, el jefe de la Suprema Corte, Jorge Nanclares, manifestó hace unos días –cuando se juntó con los nuevos integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad– que el CPP no se va implementar este año porque no fue contemplado en el presupuesto 2007, algo que desmienten tajantemente en el Gobierno. Por el otro, desde la Procuración –jefatura de fiscales– también van en contra del titular de la Corte y afirman que la plata sí está y que antes del 31 de diciembre los fiscales recibirán denuncias correccionales, tal como especifica la tercera etapa. Lo cierto es que, en el medio de este combo de irregularidades, se demora las orden que dio Cobos, a pesar de las afirmaciones de Sala.

MINISTERIAL. Según el jefe de Investigaciones, a mediados de la semana pasada se reunió, junto al ministro Bondino, con el procurador Rodolfo González para avanzar en el nuevo plan. “Se ha postergado pero estoy seguro de que, el 1 de mayo, el personal para las delegaciones de Investigaciones en los departamentos va a estar trabajando”, aseguró el funcionario. La idea de crear las unidades de investigación departamentales es atacar el delito que más preocupa y afecta a la gente: el robo.

    Estaría integrada por 35 efectivos, los cuales serían destinados a las oficinas fiscales, ya que recibirán directivas de los fiscales para su desempeño en cada región del área metropolitana. Sala señaló que, actualmente, el Ministerio de Seguridad está trabajando en un relevamiento para apostar al grupo de pesquisas. A modo de borrador, sostuvo que se están barajando algunas dependencias como candidatas a centrales operativas: la Comisaría Iriarte de Las Heras, la 29ª de Guaymallén, la 34ª del barrio Bancario o la que está ubicada en la Cuarta Sección.

    De todas maneras, la mayoría de estas futuras centrales de control operativo necesitan ser remodeladas, porque su espacio físico es insuficiente para agrupar al cuerpo de nuevos investigadores. A su vez, el proyecto para que los jefes departamentales tengan más poder está en manos de Raúl Levrino, subsecretario de Seguridad, quien, a pesar de las órdenes del jefe del Ejecutivo, todavía no ha dado el visto bueno. El objetivo es que, cuando suceda un delito, los fiscales remitan la investigación al jefe departamental para que este disponga de la cantidad de uniformados que amerite la situación. Pero esta idea de descentralizar la fuerza se demora y, tal como aseguraron fuentes policiales, difícilmente se llegue a la tentativa fecha del 1 de mayo.

JUDICIAL. En el Poder Judicial, la situación también es dificultosa. Nanclares es poco optimista sobre el tema del CPP, aunque desde la Procuración sostienen totalmente lo contrario. “Este año se va a implementar la tercera etapa”, aseguró a este diario el coordinador de la Procuración, Ramiro Salinas.

     Lo que Salinas admitió es que no estará lista durante este mes, como presumían desde el Ejecutivo, por un retraso en el inicio de las obras de remodelación para expandir las comisarías de El Algarrobal, que depende de la 36ª de Las Heras; la 40ª del barrio la Estanzuela, en Godoy Cruz, y la 49ª de Rodeo del Medio,Maipú. Según el coordinador, quien es la mano derecha de González, ya fue adjudicada la obra hace varios meses a la constructora El Grupo SA, pero esta no ha comenzado con los trabajos por un conflicto que mantiene con otras licitaciones del Ejecutivo.

    Por último, Salinas expresó que el dinero para la aplicación del CPP está disponible, contradiciendo lo que aseguró Nanclares, quien afirmó que la plata no había sido contemplada por el Ejecutivo.

LA CLAVE. Para este año, el Estado presupuestó cerca de 11.000.000 de pesos para el nuevo código. Este dinero servirá para las remodelaciones edilicias de las dependencias policiales y para los sueldos de los nuevos fiscales y ayudantes que dependerán del sistema. Salinas explicó que, en un par de semanas, la Procuración hará el llamado para incorporar a seis nuevos fiscales y veinte auxiliares, cantidad que se necesita para trabajar conjuntamente los delitos de instrucción y correccionales.

    De este modo, las versiones que dan los funcionarios de ambos poderes sobre la implementación del nuevo plan es que se retrasó un mes o hasta que finalmente el Ejecutivo y el Poder Judicial lleguen a un acuerdo sobre la expansión definitiva del CPP, el cual estaba previsto que se asentara en todos los departamentos de la provincia para el 2008.

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