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11 de junio de 2009
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Pelea electoral

Se ahonda la polémica entre cobistas y jaquistas por supuestos casos de corrupción

El PJ acusó al fiscal de Estado de no investigar las causas de posibles irregularidades que provienen de la gestión de Julio Cobos.

Mientras la campaña electoral está en la recta final, y las calles se llenan de carteles “adulterados” tanto de los candidatos de Celso Jaque, como de los de Julio Cobos, el PJ volvió a atacar con la denuncia de supuestos préstamos otorgados por el ex intendente de San Rafael Ernesto Sanz a empresas conserveras insolventes. También destacaron “lo dormida” que está la causa Vale Más. Esta vez, lo hicieron poniendo en el banquillo de los acusados al fiscal de Estado, Pedro Sin, acusándolo de no investigar y no resolver los casos polémicos de la gestión anterior, tanto provincial como municipales.

el caso de las conserveras. Ocurrió entre fines del 2000 y principios del 2001, durante la administración de Ernesto Sanz en San Rafael, principal candidato de Julio Cobos en las próximas elecciones.
Básicamente, se trata de dinero que se le prestó a dos conserveras, Los Españoles y Jumi. Esta última tenía como contadores a funcionarios de la municipalidad.
Para entregar los préstamos, por los que según los justicialistas el municipio perdió casi un millón y medio de dólares, la comuna se basó en una ordenanza municipal, la 6.571, por la cual se autorizaba la entrega de dinero a empresas, previa conformación de un Registro de Proyectos y un Comité de Selección. Esta fue emitida el 7 de diciembre del 2000.
La supuesta irregularidad se produjo porque los créditos fueron otorgados por la intendencia, antes de que se formaran tales organismos.
Este procedimiento fue observado por el fallo 14.217 del Tribunal de Cuentas, pero en este mismo documento queda claro que el error fue saneado por la ordenanza 6.585, sancionada en febrero del 2001, que avala el procedimiento, aduciendo a la emergencia económica del país en esta etapa. Otra de las observaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas fue la incompatibilidad de funcionarios públicos para solicitar los préstamos. Esto porque dos de los integrantes de una de las empresas eran funcionarios del municipio, se trata de Alejandro Sánchez y Ricardo Ríos. En el caso del último, presentó como descargo la constancia de su renuncia a la firma La Española SA. Sobre la posibilidad de incompatibilidad, el Tribunal se declaró incompetente para resolver, y pasó la investigación a la Fiscalía de Estado.
El abogado Hugo Ferraro, de la Fiscalía de Estado, explicó que para sostener que en el caso de las conserveras no hubo irregularidades, se basaron en la aprobación de los balances municipales que hizo el Tribunal de Cuentas. Con respecto a la incompatibilidad, Ferraro dijo que aceptaron como pruebas las desvinculaciones de los funcionarios con respecto a las empresas que solicitaron el empréstito. También señaló que no hay ninguna ley que indique que no puedan efectuarse este tipo de acciones en un municipio, como sí existe en el ámbito ministerial.
“Acá no hubo irregularidades, y por eso dictaminamos en consecuencia” aseveró Ferraro.

acusaciones cruzadas. Los justicialistas, con los senadores Luis Ruzo y Germán Gómez a la cabeza, sostuvieron que en el caso de las conserveras, se ha hecho una investigación muy pobre y con falta de profundización sobre aspectos en los que el Tribunal de Cuentas no puede ahondar, porque sólo resuelve sobre la forma, “pero el fondo del conflicto sigue igual”. En un punto, la reunión se convirtió casi en una interpelación al Fiscal de Estado, resaltando la poca celeridad para resolver las causas.
Con respecto a los Vale Más, el fiscal Sin dijo que está esperando que el Ministerio de Desarrollo Humano, a través del Fondo de Inversiones de Desarrollo Social (Fides), determine el monto del supuesto fraude, para poder comenzar las acciones civiles correspondientes. Además, explicó que está citando a los funcionarios involucrados en el caso.
En cuanto a las demoras en el fallo de las conserveras, Sin reconoció que el expediente estuvo perdido desde el 2002 hasta el 2008, cuando él ordenó buscarlo. Añadió que ya inició una investigación para determinar responsabilidades y que hará un sumario administrativo a los involucrados.

Sin reclamó más fondos
El fiscal de Estado Pedro Sin contestó las críticas que el justicialismo le hizo por las demoras en las que recaen sus investigaciones. Puntualmente, le recriminaron haber demorado ocho años en emitir un fallo por el caso de los préstamos a conserveras, y por haber tenido la causa de los Vale Más detenida durante dos años.
Sin respondió con números: dijo que la Fiscalía debe responder a 2.000 denuncias y resolver 18.000 juicios. Por año se realizan 5.000 fallos y todo esto con 4 abogados y 2 administrativos. Aseguró que no lo tienen en cuenta para armar los presupuestos y que cuando ha requerido más personal, siempre se lo han negado.

Los dichos de Tanús fueron a propósito de la actuación del fiscal de Estado, Pedro Sin, en la investigación de causas de supuesta corrupción que sucedieron durante la gestión de Julio Cobos. Específicamente, la de los Vale Más y la de préstamos a conserveras, estos últimos otorgados durante la gestión como intendente de San Rafael del candidato Ernesto Sanz.

“No me asombra que este lamentable funcionario siga defendiendo la gestión anterior. Debería renunciar, también es la gente de Cobos”.
Jorge Tanús
Presidente de la Cámara Baja

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