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12 de diciembre de 2006
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SEGURIDAD

San Luis castigará a padres de traviesos

El Ejecutivo puntano envió un proyecto a la Legislatura en el que, entre otras cosas, se propone que los progenitores de menores que delinquen deben hacerse cargo de la acción de sus hijos

         El Gobierno de San Luis envió a la Legislatura un proyecto de ley para modificar el Código Contravencional y establecer que los padres de los menores que cometan delitos puedan ser arrestados y cumplir una pena de hasta 120 días de prisión. El proyecto será tratado mañana en la Cámara de Diputados y prevé que los padres pueden quedar detenidos entre 10 y 120 días cuando “la omisión de vigilancia de quienes tengan bajo su guarda a menores de edad muestre una conducta facilitadora o permisiva de delitos”.



        El Código Contravencional señalaría que esa pena debe cumplirse en establecimientos especiales o secciones separadas de los penales. La iniciativa para modificar el código incorpora, además, cambios en la actual legislación, que regularía la devolución a sus dueños de los bienes robados que se recuperen, con plazos de quince días para pericias y otro lapso igual para la restitución. Si esos tiempos no se cumplen, serán causal de mal desempeño para el juez y podría terminarse con su devolución.


       Además, el proyecto prohíbe que los tribunales dispongan de los bienes secuestrados y establece que el Superior Tribunal debe subastar, una vez al año, todos los bienes que no hayan sido reclamados. Para la aplicación de estas medidas, el Gobierno propone la creación de 22 fiscales barriales y departamentales, distribuidos en toda la provincia y la designación de un fiscal por cada comisaría en las dos principales ciudades de la provincia, San Luis y Villa Mercedes. El nombramiento provisorio de los funcionarios lo realizará el Gobierno, de acuerdo con el Senado provincial, hasta que se fije un procedimiento a través del Consejo de la Magistratura.


        Los fiscales serán los encargados de velar por el cumplimiento del Código Contravencional y trabajarán en la instrucción de las denuncias que se realizan por delitos comunes en las comisarías. El proyecto del Gobierno puntano indica que cada vez que se cometa un delito, la policía deberá avisar al fiscal barrial, quien será el encargado de realizar el sumario y notificar, a su vez, al juez de instrucción, quien dirigirá la confección de las actuaciones y controlará la investigación.


      “La policía deberá acatar las órdenes de los fiscales y estos tendrán la facultad de dirigir la investigación de los delitos cuyas penas privativas de libertad no sean mayores a cuatro años”, sostiene este proyecto. El oficialismo en la provincia, integrado por una coalición entre el PJ y el Partido Unión y Libertad (PUL), tiene mayoría propia en la Legislatura, por lo que se estima que el proyecto será aprobado sin inconvenientes.

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