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5 de julio de 2006
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DECISIÓN JUDICIAL

Salcedo, imputado por agresión a Alonso

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Al empleado del Ministerio de Seguridad y custodio del grupo Vila-Manzano se lo acusa de ?robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa?

      El ex policía, hoy empleado del Ministerio de Seguridad y custodio del grupo Vila-Manzano, Marcelo Eduardo El Negro Salcedo, fue imputado y prestó declaración indagatoria ante la Justicia. Está sospechado de haber sido uno de los autores materiales del atentado que sufrió el empresario Sigifredo Alonso en su finca de Maipú, a fines del 2002. Salcedo está siendo investigado bajo la carátula de “robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa”, aunque, de acuerdo a la sucesión de hechos y el momento histórico en el que estos ocurrieron, pueden más vincularse a un intento de apriete al titular de Canal 9 que a una tentativa de robo.


     Así, vuelve a quedar al descubierto la oscura y sórdida trama de operaciones de prensa, aprietes a periodistas y empresarios, que involucra a policías en actividad que realizan trabajos sucios para hombres de negocios con vinculaciones poco claras con el poder político.También se usa para los aprietes a personajes del bajo mundo para inventar causas judiciales contra quienes se quiere desprestigiar.


      Estas operaciones se viene montando en las oficinas del Grupo Uno desde la época del desaparecido semanario El Guardián, y hoy encuentran repercusión esporádica en el diario Uno. CASUALIDAD. Alonso, sin dudar y cara a cara, identificó a Salcedo como a uno de los hombres que lo atacó y amenazó a punta de pistola en su finca de Fray Luis Beltrán, el 6 de diciembre del 2002. El jueves 22 de junio del 2006, tres años y medios después de los hechos, en el patio central del Ministerio de Seguridad, Alonso se cruzó con Salcedo mientras participaba de un acto solidario organizado por el Club de Leones y la dependencia para la cual trabaja el imputado, la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, que comanda Raúl Levrino.


     Salcedo, armado y junto a otro sujeto aún no individualizado, interceptó a Alonso en la entrada de su finca el 6 de diciembre del 2002 y, a fines del año pasado, un testigo que declaró en la causa de la prostituta Ruarte (ver recuadro) relacionó el identikit confeccionado por Alonso, horas después del ataque, con la figura del ex policía, custodio del grupo Vila. El sospechoso se desplazaba hasta hace poco en una camioneta Nissan 4x2 cuyo titular era Alfredo Luis Vila Santander, hermano de Daniel y hombre fuerte de Supercanal. Salcedo ya no usa más esa camioneta pero vive en el barrio del IPV El Cardenal de Godoy Cruz, en una casa que figura en el Registro de la Propiedad a nombre de Alfredo Vila, con una hipoteca no cancelada.


MIRANDO ATRÁS.


      La intrincada historia lleva muchos años y cientos de fojas. Pero este último capítulo se comenzó a escribir con la denuncia de periodistas y de Alonso por una serie de amenazas recibidas en noviembre del 2002, que luego se consolidaron con el atentado al titular de Canal 9 en Maipú. En otra causa radicada ante el mismo tribunal, se llegó a la detención e imputación del colaborador de Raúl Moneta en El Guardián, Cristian Pérez Barceló, por coacción. En cada época, los objetivos fueron los mismos: con métodos espurios, mafiosos y extorsivos, se buscó amedrentar a adversarios, basados en el dictamen de un asesor de Moneta, en el que se aconsejaba la aplicación de estos métodos, tal como lo refleja el diario Página12 el 3 agosto del 2003.


 QUIÉN ES SALCEDO.


      El Negro Salcedo es un ex policía que fue cesanteado por abandono de servicio. Sin embargo, durante la gestión de Leopoldo Orquín como ministro y Alejandro Salomón como subsecretario de Seguridad, volvió a la cartera como empleado civil. Fuentes consultadas por El Sol aseguran que su vuelta al ministerio, disfrazado de personal civil, fue a cambio de información suministrada por Salcedo en el caso Rodríguez- Zambrano. A partir de allí, aparece una especie de agujero negro en su relación con la fuerza.


     Algunas fuentes lo ponen cumpliendo tareas para la familia Vila a full time. De hecho, la prepaga de primera línea de la que gozaba era pagada por Supercanal, y en un juicio en su contra –por no pasarle alimentos a su hija– fue notificado en el domicilio de la empresa de TV.Otras fuentes aseguran que compartía el tiempo entre ser custodio de Vila y una especie de grupo de tareas de la policía, que se desempeñaba en operaciones no muy claras, bajo la orden de varios funcionarios, entre los que se cuenta, en los últimos tiempos, a Omar Pérez Botti.


      Lo extraño es cómo, a pesar de que Alonso denunció rápidamente el ataque de diciembre del 2002 y de que se confeccionó el identikit del agresor ante los responsables operativos y políticos de la policía, el agresor estuvo tres años y medio en la fuerza, manejándose sin problemas, realizando trabajos de reclutamiento de testigos falsos para el grupo Vila (ver aparte), amenazando gente y moviéndose libremente sin problemas, hasta que un trabajo periodístico y la casualidad lo descubrieron. Es más, quienes conocen los movimientos de Salcedo, aseguran que sus entradas al barrio Dalvian, lugar de residencia de varios funcionarios de seguridad, son permanentes.


 CASOS PENDIENTES.


     Pero este no es el único problema judicial que tiene el ex policía, que anda por la vida con handy para escuchar la frecuencia policial e, inclusive, según algunas fuentes, armado y diciendo que es policía, a pesar de que es personal civil del ministerio. Salcedo tiene dos causas en la Quinta Cámara del Crimen. Una por lesiones graves, que ya está elevada a juicio, contra un hombre a quien le fracturó el malar de una trompada en una estación de servicio de Guaymallén porque, según el descargo del violento custodio, “molestaba a mi novia”.


     La segunda causa es por lesiones leves y la denuncia fue hecha por el padre de Salcedo, quien lo habría golpeado después de una discusión. Además, el ex policía tiene una demanda por alimentos presentada por la madre de su hija, por la que fue sometido a realizar trabajos comunitarios en la Municipalidad de Capital. Por el mismo tema, fue denunciado nuevamente, ya que otra vez habría incumplido con esa obligación.


     Después del trabajo de jueces y fiscales y de la investigación periodística que logró arrojar luz sobre la inacción de la policía, una vez más la respuesta a tantos interrogantes está en la Justicia, que tiene la oportunidad de desentrañar cómo algunos empresarios locales, que se muestran como ejemplo utilizan las más arteras armas y hasta elementos del Estado para intentar eliminar a sus competidores.

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