Choque frontal y explosión con un muerto en alta montaña
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14 de septiembre de 2006
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PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD

Rico, complicado por la desaparición de personas

Aldo Rico fue citado a declarar hoy por el juez federal Alberto Araujo. Es por el secuestro y la desaparición de Américo Arce y su esposa, Delia Kennedy.

   El ex intendente de San Miguel y ex militar carapintada Aldo Rico fue citado a declarar hoy por un Tribunal de San Martín, por el delito de “privación ilegítima de la libertad”, en una causa por el secuestro y desaparición de Américo Mohmet Sady Arce y de su esposa, Delia Kennedy, hermana de la histórica dirigente peronista Norma Kennedy. Rico fue citado para declarar hoy a las 9.30 por el juez Federal Alberto Suárez Araujo, a cargo del Tribunal Número Dos de San Martín, quien investiga delitos de lesa humanidad cometidos contra detenidos en Campo de Mayo durante la dictadura militar, según informaron fuentes judiciales.

EL CASO. El secuestro de Delia Kennedy y su marido ocurrió el 10 de mayo de 1976. La mujer fue secuestrada en una casa de la localidad bonaerense de Munro y su esposo, en un domicilio de Capital Federal. Por ello, la Justicia investiga la participación de Aldo Rico en las desapariciones del matrimonio Sady, mientras este prestaba servicio en la Policía Militar en Campo de Mayo. En octubre de 1995, la Cámara Federal de San Martín rechazó un pedido de la dirigente justicialista Norma Kennedy para que se investigue la desaparición de su hermana Delia Kennedy y de su cuñado Mohmet Sady durante el último régimen militar.

    La veterana dirigente del PJ había solicitado reabrir una causa para esclarecer cuál fue el destino de su hermana y de su cuñado, quienes fueron detenidos el 10 de mayo de 1976 por personas no identificadas, y presuntamente arrojados al mar tras dos meses de detención en Campo de Mayo. El tribunal se declaró incompetente para analizar la presentación contra los integrantes de las juntas militares del Proceso y estudió la presentación con respecto al ex jefe de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros, y oficiales superiores que prestaban servicios en Campo de Mayo (entre ellos Aldo Rico).

    En tal sentido, por mayoría de sus miembros, la Cámara sostuvo que, debido a las leyes de obediencia debida y punto final y el posterior indulto a Riveros, resulta “jurídicamente imposible reabrir cualquier investigación al respecto”. Los jueces Jorge Barral, Narciso Lugones, Horacio Prack y Daniel Rudy afirmaron, en esa oportunidad, que “la acción penal derivada de los hechos denunciados ha quedado extinguida”. En disidencia, el camarista Alberto Manzur sostuvo que los homicidios denunciados debían ser investigados, porque se trata de conocer las circunstancias de la desaparición.

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