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2 de noviembre de 2009
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GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS

Restitución de Zelaya, el gran escollo

Pese a los avances de los últimos días en la negociación entre las comisiones del destituido presidente y del gobierno de facto, la mediación del conflicto vuelve a hacerse lenta.

    Apenas dos días después de haber dado su conformidad a un acuerdo para resolver la crisis de Honduras propiciada por el golpe de Estado, el presidente depuesto Manuel Zelaya y el gobierno de facto dirigido por Roberto Micheletti comenzaron a discrepar sobre los términos y los plazos del pacto. El punto de la discordia volvió a ser el referente a la restitución en el poder del mandatario derrocado, que había bloqueado durante casi siete días las negociaciones hasta que esta semana una misión estadounidense y la Organización de Estados Americanos (OEA) lograron que las partes se pusiesen de acuerdo.
    El Acuerdo Tegucigalpa-San José establece: “Ambas comisiones negociadoras (la de Zelaya y la de Micheletti) hemos decidido, respetuosamente, que el Congreso resuelva en lo procedente con respecto a “retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio”, fecha del golpe contra Zelaya. Zelaya aseguró en conversación telefónica con Efe desde la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde se encuentra encerrado desde el 21 de setiembre, que esto significa “pedirle al Congreso con respeto que retrotraiga la situación, es INTERNACIONALES decirles: ‘Señores, con todo respeto, vuelvan al Estado de Derecho y dejen la ilegalidad’”.
     “Eso es una solicitud que se ha hecho de ambas partes”, añadió. Sin embargo, el gobierno de facto, en un documento sobre el tratado distribuido entre la prensa, afirma que el acuerdo “no hace ningún tipo de recomendación sobre qué decisión debe tomar el Congreso”. Para Zelaya, esta interpretación sería “un juego doble, un juego sucio y un juego absurdo, poco inteligente y los pondría a ellos (las autoridades de facto) muy mal ante la comunidad internacional”. “Me parece que el espíritu del acuerdo está totalmente claro, las posiciones de la comunidad internacional, del pueblo hondureño y la mía están totalmente claras y ahora es responsabilidad del Congreso revertir el golpe o continuar con el golpe”, indicó. “Si no se revierte el golpe de Estado, entonces el acuerdo se va a romper, el acuerdo sería nulo y sería lógicamente un absurdo”, advirtió.
    El mandatario depuesto considera, además, que su restitución debe producirse antes del jueves, fecha límite para la instalación de un “Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional”, según el acuerdo, que, no obstante, no señala quién debe presidirlo. Pero el documento distribuido por el gobierno de Micheletti dice que “respecto de la intervención del Congreso en el tema de la restitución del señor Zelaya, sólo contempla la fecha de hoy (por el viernes, día de la firma del tratado) para introducir la solicitud” ante el Legislativo, pero no para su resolución. En respuesta a la postura del destituido mandatario, la vicecanciller del gobierno de facto, Martha Alvarado, lo acusó de querer “desestabilizar” las elecciones convocadas para el 29 de noviembre y de estar “poniendo en (estado) precario el acuerdo”.
    “Esta mala interpretación que se ha dado a las fechas es una táctica muy conocida con el fin de desestabilizar el proceso electoral”, dijo Alvarado. El enviado a Honduras de la Organización de Estados Americanos (OEA), Víctor Rico, reiteró el sábado que “el Congreso hondureño es soberano para tomar una determinación”, si bien agregó que los diputados “saben muy bien lo que piensa la comunidad internacional”. “Desde el punto de vista de gran parte de la comunidad internacional, el final de la crisis será cuando se restituya al presidente Zelaya”, sostuvo el secretario de Asuntos Políticos de la organización interregional.
    El Ejército, que expulsó del país a Zelaya el 28 de junio, tras su intento de realizar una consulta para convocar una Asamblea Constituyente considerada ilegal por varios poderes del Estado, ha manifestado su acatamiento a cualquier decisión que asuman las autoridades civiles. “Nosotros no opinamos sobre ese tipo de situaciones. Nosotros sólo acatamos las disposiciones”, subrayó el portavoz de las Fuerzas Armadas, el coronel Ramiro Archaga.
    Entretanto, ya quedó establecido quiénes conformarán la Comisión de Verificación, que debe entrar en funciones hoy. Además de Jorge Reina, por parte de Zelaya, el empresario y político Arturo Corrales será el representante del gobierno de Micheletti, y la OEA anunció el envío del ex presidente chileno Ricardo Lagos y la secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís.

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