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17 de septiembre de 2009
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OPINIÓN

Reforma del Estado (por Eduardo F. Quesada, contador público nacional)

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Este trabajo resume el análisis efectuado sobre diferentes temas que reflejan la decadencia de las instituciones ?en especial de la Justicia? y la necesidad de reivindicarla, para hacer desaparecer la ?depresión? o el ?pesimismo neoliberal?.

Este trabajo resume el análisis efectuado sobre diferentes temas que reflejan la decadencia de las instituciones –en especial de la Justicia– y la necesidad de reivindicarla, para hacer desaparecer la “depresión” o el “pesimismo neoliberal”, según designan algunos autores, en contraposición al humor de la Argentina de los inmigrantes y las oportunidades, donde las nubes pesimistas se derretían frente al sol del futuro.

Después se fue destruyendo la cultura del trabajo a base del progreso y se cambió por la viveza criolla, para crecer en base a oportunismo y especulación, optando por el atajo, a veces sin ética in moral, remplazando decencia y honestidad por corrupción e impunidad.

La clase dirigente es la mayor responsable de haber hipotecado el fututo, ya sean políticos, empresarios, sindicalistas o corporaciones, que instauraron el “sálvese quien pueda”, cambiando política por politiquería, anteponiendo el interés personal al bienestar general, haciendo imperar la mentira, ocupando el rumor el lugar de la verdad, al punto de no creer en nadie, cuando nos habían enseñado que la palabra dada tenía más valor que un contrato.

Ya nadie cree en discursos y promesas de fórmulas económicas y los economistas han perdido como conductores políticos, por el fracaso que ha significado la aplicación de la tecnocracia, que, al revés de los genios, las cosas fáciles las hacen difíciles.

Sin embargo, de consultas y encuestas efectuadas en trabajos del libro Reinventar la Argentina, compilado por Daniel Alberto Dessien surge una cuota de optimismo: más de 70% de los encuestados opinó que “el país tiene lo que se merece”, o sea, que la culpa recae en todos, cuándo se pensaba que culparían al gobierno de turno, a los políticos y a la clase dirigente, a los poderes externos de los organismos internacionales, etcétera. Sin que esto signifique desconocer que los anteriores puedan ser los de mayor responsabilidad.

Esta sorpresa, de aceptarse la culpa de todos, vislumbra la esperanza de que se origine una voluntad popular y colectiva para labrar un futuro nuevo para el país, que se puede concretar a través del ejemplo, que por tratarse de un hecho colectivo es preferible que se origine de arriba hacia abajo, “por evolución”, y no que se produzca de abajo hacia arriba, “por revolución”.

El periodista Joaquín Morales Solá, en ese libro, finaliza un artículo expresando: “El resurgimiento será una obra política o no será”. En tanto, la política y los políticos “sigan siendo los mismos, en tanto el proyecto económico sea una simple copia de ideas ‘ajenas’, en tanto la sociedad no asuma como propia la solución nacional y en tanto todos, incluidos los periodistas, sigamos aceptando la tesis de que siempre la culpa está en algún lugar que no es este”.

No hay dudas de que el Estado debe reformarse y hacerlo fuerte, para que permita desarrollar la democracia y reconstruir nuestra patria destruida por una minoría, amparada por el silencio de la mayoría, cuya principal falla ha sido el pecado de omisión, al no participar en el quehacer nacional, cualquiera sea el lugar de trabajo, con la consigna de que la mejor forma de hacer las cosas es hacerlas bien, con solidaridad, sin mezquindades, teniendo en cuenta que nuestro derecho termina donde comienza el del otro.

Para realizar la reforma del Estado, es necesario que impere la justicia que el Poder Judicial debe garantizar, actualmente deteriorada, como lo manifiesta Rafael Bielsa en su libro La Justicia por su nombre: “Sólo los políticos y funcionarios corruptos confían en la Justicia”.

La publicación de Leopoldo Manuel Orquín en el diario Los Andes del 28 de agosto, La reforma judicial en Mendoza, se refiere a las conclusiones a las que se arribaron en Las Jornadas de Reforma Judicial realizadas en Mendoza los días 29 y 30 de junio del 2000, evento al que concurrieron juristas de nota y especializados en la materia a nivel nacional y en la que participaron magistrados y académicos de todo el país, representantes de la magistratura provincial, representantes del Consejo Empresario Mendocino y organizaciones gremiales, conclusiones que, en mérito a la brevedad, no reproduciré.

Dentro de ese marco de reforma se firmó un convenio con la Suprema Corte de Justicia por el cual se creó una comisión multisectorial que redactó, con el trabajo conjunto de ilustres juristas, un proyecto de Código Procesal Civil remitido a la Legislatura el 24 de julio del 2001.

Con el aval de estos antecedentes reitero lo expresado en trabajos anteriores: si no se garantiza la Justicia, seguiremos avanzando hacia el fracaso, ya que si no rige la ley, reina la corrupción e impunidad.

No es admisible que a nueve años de la importante tarea realizada que detalla en su trabajo Orquín no se haya concretado la modificación del Código Procesal Civil, lo que me permite afirmar:

 A) ¿No es necesaria la reforma judicial?

B) ¿No se puede efectuar la reforma judicial?

C) ¿No es oportuna ni conveniente la reforma judicial para la corporación judicial?

Pareciera que la última opción es la más lógica, porque lo que pasa con la reforma judicial es similar a lo que acontece con la norma de la Constitución nacional de 1853 que establece los juicios por jurados, cuya aplicación no ha sido desarrollada, pese a que puede ser una forma de mejorar la eficiencia de la Justicia y evitar la suma del poder en los profesionales del Derecho, porque Justicia y Derecho suelen transitar por diferentes caminos.

Mientras tanto, es necesario avanzar, mientras se logra la reforma legal, para mejorar la eficiencia de la Justicia mediante el control del cumplimiento de la dedicación exclusiva de los jueces, reglamentar el uso de licencias y eliminar la costumbre de que la Justicia se mueve de acuerdo al interés de las partes, así, el juez sería un conductor del proceso, que determinaría el camino más corto para cumplir con la definición de Justicia, de dar a cada uno lo suyo, en el momento oportuno.

La reforma del Estado podría hacerse en dos etapas que pueden ser simultáneas, con la seguridad de que surgirán nuevos aportes para acelerar y optimizar resultados, ya que está demostrada en todo el mundo la capacidad e inteligencia de los argentinos, sólo hace falta dirigirla al bien común y el bienestar general.

La primera etapa no necesita disposiciones nuevas, sino aplicación y control de las existentes, sólo se requiere un cambio de actitud de los funcionarios y empleados, remplazando comodidad por responsabilidad, con lo que se lograrían buenos jefes en lugar de jefes buenos que resuelvan con celeridad y equidad, respetando las normas, premiando la capacidad y corrigiendo errores con premios y castigos.

La otra etapa requiere incorporar nuevas normas y tecnología a partir de la autocrítica en todas las reparticiones para simplificar procedimientos, optimizar el uso de los recursos escasos y así reducir el “costo argentino”, que incide y perjudica a la actividad económica interna e internacional.

Para finalizar, quiero expresar que este artículo está enmarcado en una frase del filósofo y sociólogo español José Ortega y Gasset, quien diagnosticó “argentinos, a las cosas”, y lo manifestado por Albert Einstein en la misma época, hace 80 años: “Lo que más me sorprende de Argentina es cómo un país tan desorganizado ha logrado ser tan exitoso”.

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