Ante los hechos que son de dominio publico y en los que funcionarios provinciales aparecerían involucrados en graves sucesos vinculados con la violencia en el ámbito del fútbol, me veo en la obligación, como legislador, amante del fútbol y como ciudadano que quiere seguir concurriendo a los estadios con seguridad y tranquilidad para todos, de señalar algunas reflexiones: He advertido en reiteradas oportunidades sobre riesgos que, debido a la negligencia de los funcionarios de seguridad y a la existencia de algunos casos de connivencia entre dirigentes de fútbol y las llamadas barrabravas, amenazaban con una escalada de hechos violentos en el fútbol. Lamentablemente, esto no fue escuchado, aún cuando hay sucesos que no son nuevos en nuestra provincia.
Basta con mencionar cuando el jugador Carlos Azcurra casi muere por la impericia de un efectivo policial. El gobernador, que hace de la transparencia uno de sus eslóganes para resaltar su acción de gobierno, tiene la imperiosa obligación de realizar las investigaciones necesarias, porque es innegable que funcionarios de su gobierno aparecen gravemente implicados en estos acontecimientos. Que no sea la renuncia del multifacético Omar Pérez Botti una forma de querer cerrar estos graves casos.
Asimismo, aquellos funcionarios que estarían presuntamente involucrados en estos sucesos dentro del Ministerio de Desarrollo Social y distintas reparticiones, como también de la Municipalidad de Godoy Cruz y algún legislador nacional, tienen la obligación ética y moral de no ser cómplices de estos acaecimientos y deberían esclarecer su situación. Hoy, el aficionado común no puede concurrir a ver fútbol de primera división, un sueño de más de 20 años anhelado por Mendoza. Por la salud institucional de la provincia, es necesario proceder de manera contundente en el esclarecimiento de estos casos.