Una vez más, el ex baquero Raúl Moneta y Alberto Villarruel, uno de sus más fervientes colaboradores, son noticia judicial escandalosa. Esta vez, la propia Corte Suprema de la Nación declaró que un juez de San Luis –contactado y direccionado por Moneta y su amigo– nunca fue competente para sustanciar una causa contra el ingreso del grupo Clarín y de Fintech en Cablevisión y para trabar los negocios realizados con posterioridad por ese cable. En el 2001, Moneta pretendió ingresar en la sociedad Cablevisión. Para eso, a través de distintas maniobras y del respaldo que le dieron algunos magistrados porteños, intentó ejercer presión sobre los accionistas de aquella firma.
Pero como esa jugada no le resultó en Capital Federal, decidió otra estrategia, en manos de Villarruel. Esta consistió en “tocar” a la Justicia del pequeño pueblo puntano de Concarán. Así fue que a fines del 2006, el grupo Radio Noticias, impulsado por Villarruel, solicitó al juez Rubén Alonso, a cargo del Juzgado Comercial, de Minas y Laboral N°3 de Concarán una medida cautelar contra Cablevisión y Multicanal y la cancelación de las licencias de radiodifusión de todo el grupo empresarial. A Alonso, extrañamente, no le llamó la atención que el grupo Radio Noticias hubiera invocado ser una FM de Merlo, aunque no tiene siquiera licencia de radiodifusión; además, no está en el mismo mercado que los cables, por lo que tampoco tendría interés en impulsar la demanda.
El trámite del caso fue considerado en ámbitos judiciales un verdadero escándalo, a tal punto que la Corte Suprema Nacional invocó razones de “grave riesgo institucional”. Es más, la Corte estudia denunciar a Alonso ante el Superior Tribunal de San Luis. Villarruel es el hombre que el mercado vincula con Moneta y que en Mendoza, a través del semanario Qué pasó, realizó en el 2001 una campaña contra el ex juez Luis Leiva y el ex diputado Carlos Balter (hoy Villarruel está prófugo de la Justicia provincial).