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22 de noviembre de 2006
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NIÑOS DE LA CALLE

Quieren desplazar a los jueces de la decisión tutelar

El Gobierno analiza reformar la Ley de Niñez y Adolescencia para otorgar facultades a organismos ejecutivos. La idea es desechar la internación

    Más de 160 chicos viven en las calles y 130 permanecen internados en los hogares de la Dinaadyf (Dirección de Niñez, Adolescencia, Ancianidad, Discapacidad y Familia) a la espera de una decisión judicial o como consecuencia de esta. Pero, de prosperar un proyecto que pretende modificar la Ley Provincial de Niñez y Adolescencia, el destino de estos chicos quedará en manos del Poder Ejecutivo y no de la Justicia de Familia.

    La tutela de los niños sería responsabilidad exclusiva de organismos municipales y de la Dinaadyf, dejando afuera a los jueces de Familia, quienes, hasta ahora, tenían la decisión final sobre el futuro inmediato de los menores que habían sido alejados del núcleo originario por haber sido objeto de violaciones a sus derechos. Con la modificación, buscan evitar la internación de los más pequeños y desarticular definitivamente los macrohogares para niños de la calle, tal como exige la Convención de los Derechos del Niño.

    La reforma del sistema actual fue confirmada por la secretaria nacional de Niñez y Adolescencia, Paola Vessvesian, quien llegó a la provincia para exponer en el Primer Congreso Provincial de Políticas Públicas, que se extenderá hasta hoy. La funcionaria recordó que se derogó la ley del patronato, vigente desde 1919, que daba al Estado la tutela de los niños con problemáticas sociales o penales. Desde octubre del 2005, cuando se puso en vigencia la nueva ley nacional 26.061, los niños son sujetos de derecho y el Estado tiene la obligación de garantizarles el bienestar.

    Ese cambio de perspectiva, con un profundo significado político, ya comenzó plasmarse en otras provincias y desembarcará en Mendoza cuando consiga la ratificación legislativa necesaria. La idea es que nuestra provincia modifique la ley para sumarse a la norma nacional que prevé el alejamiento de la Justicia. “Se trata de un cambio de paradigma en donde el Estado se verá obligado a buscar alternativas a la internación o el encierro, como, por ejemplo, las familias cuidadoras, sustitutas, familiares de los padres biológicos”, explicó Vessvesian. Aunque, inmediatamente, aceptó que habrá niños que necesitarán la judicialización, pero la idea es que sean cada vez menos.

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