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8 de febrero de 2019
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¿Qué dice el decreto que prohíbe y suspende construcciones?

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El crecimiento urbano sin control y la posibilidad concreta de una tragedia ante un desastre natural son las claves.

El gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, tomó una decisión extrema para frenar el avance sin control de los desarrollos urbanos en la zona del piedemonte mendocino. Para ello, firmó un decreto que establece el "Estado de Emergencia Ambiental"; situación por la cual se paraliza cualquier tipo de emprendimiento inmobiliario en la zona determinada por el Plan de Ordenamiento Territorial.

El objetivo es básico: poner un freno al descontrol urbanístico en un área que creció sin ningún tipo de planificación ni teniendo en cuenta la geografía del lugar. Por lo tanto, el desequilibrio ecológico es cada vez más evidente. A eso, se agregan las contrucciones sobre cauces aluvionales que pueden dar origen a una tragedia frente a una precipitación importante.

Más allá de los argumentos científicos que demuestran la amenaza ambiental, hay dos párrafos que son clave:

"Que del análisis realizado a través de procesos de teledetección se constata la presencia de diversos emprendimientos de magnitud variada que no cuentan con los debidos estudios ambientales que corresponden a su escala, así como tampoco se acreditan otras factibilidades de servicios y obras que faciliten el hábitat en dicha área por parte de otros organismos del Estado según sus respectivas competencias".

"Que de los antecedentes técnicos, científicos y legales sobre el área en cuestión así como el trabajo realizado por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial se observa una situación de vulnerabilidad ambiental considerable, teniendo en cuenta que la ocupación del territorio de manera no planificada y fuera de los términos establecidos en la legislación, genera procesos que afectan negativamente al ambiente y a la población".

La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial confirmó, además, que la situación de irregularidad es cada vez más extensiva en el territorio.

Este es el texto completo publicado en el Boletín Oficial:

MENDOZA, 07 DE FEBRERO DE 2019

Visto el Expediente: EX-2018-03429045-GDEMZA-APOT#SAYOT, por el cual se tramita la Declaración del Estado de Emergencia Ambiental en la zona del Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza; y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 41 de la Constitución Nacional, reconoce a los habitantes el derecho a un ambiente sano, ligado al principio de sustentabilidad, estableciendo consecuentemente el deber de las autoridades de proveer a su protección según su competencia.

Que por lo dispuesto en dicho Artículo, el principio de sustentabilidad se refiere al derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes pero sin comprometer las de las generaciones futuras, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambiental.

Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación definió este derecho como un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, doctrina positivizada en los Artículos 14 y 240 del Código Civil y Comercial de la Nación, estableciendo este último como límite al ejercicio de los derechos individuales, que “…no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial”.

Que un conjunto de leyes nacionales y provinciales establecen la modalidad del ejercicio del deber de protección y las respectivas competencias.

Que la Ley Nacional N° 25.675 de Presupuestos Mínimos para el Logro de una Gestión Sustentable y Adecuada del Ambiente, la Preservación y Protección de la Diversidad Biológica y la Implementación del Desarrollo Sustentable, establece que la política ambiental deberá cumplir entre sus objetivos, con los procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental (Artículo 2° inc. k).

Que en la misma sintonía, la Ley Provincial N° 5961 dispone como objeto la preservación del ambiente en todo el territorio de la provincia de Mendoza, a los fines de resguardar el equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable (Artículo 1). Dicha preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente también comprende el ordenamiento territorial y la planificación de los procesos de urbanización, poblamiento, industrialización, expansión de fronteras productivas, en función de los valores del ambiente; así como la utilización racional del suelo, atmósfera, agua, flora, fauna, paisaje, fuentes energéticas y demás recursos naturales en función de los valores del ambiente (Artículo 3° incs. a) y b).

Que la Ley Provincial N° 8051 de Ordenamiento Territorial establece como objetivo: aumentar, conservar, mantener y proteger las áreas, espacios o sitios considerados de valor ambiental, histórico, cultural, paisajístico, productivo o de recreación, a los fines de lograr el uso racional armónico y equilibrado de los mismos; así como, planificar y priorizar los usos del suelo compatibles para evitar los conflictos sociales, ambientales, la pérdida del espacio público y la fragmentación del territorio (Artículo 4° incs. d) y e).

Que en este marco normativo, el ordenamiento ambiental del territorio así como la evaluación de impacto ambiental, son instrumentos de la política y la gestión ambiental.

Que en consecuencia, cualquier amenaza al equilibrio ecológico, al desarrollo sustentable, al ordenamiento ambiental del territorio o que implique un grave riesgo de daño ambiental o amenaza natural que implique riesgo a la seguridad pública, genera el deber inmediato de las autoridades de adoptar y ejecutar todas las medidas necesarias que resguarden el derecho; todo ello, en aplicación de los principios de prevención y precaución.

Que el Área de Piedemonte de la Provincia, se encuentra caracterizada por el proceso de diagnóstico territorial de la Ley Nº 8999 que aprueba el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y estructurada como una Unidad Territorial particular por sus características físico–naturales, por la presencia de cuencas de escorrentía aluvional al Oeste del Área Metropolitana de Mendoza (AMM) y por los servicios ambientales que presta relacionados con los beneficios de la cobertura vegetal, la presencia de flora y fauna nativa y la fragilidad ambiental que caracteriza esas unidades en los ambientes áridos.

Que la referida normativa propone en su SubPrograma 1C, la visión y gestión integral de áreas de diferentes unidades político-administrativas pero con características y problemáticas socio-territoriales afines (por ejemplo, áreas urbanas compartidas por dos o más municipios, áreas de regímenes especiales, entre otras).

Que por esta razón el Área de Piedemonte ha sido categorizada en la misma Ley Nº 8999 como un “Área Sujeta a Regímenes Especiales”.

Que se han relevado numerosos antecedentes técnico–científicos de investigadores locales expertos en la materia, dando cuenta de la situación de fragilidad ambiental del área referida y de la complejidad que demanda su estudio y su planificación, tal como se expresa en publicaciones devenidas del “Proyecto Amenazas naturales de origen hídrico en el centro oeste árido de Argentina. Caso de estudio: Gran Mendoza y Gran San Juan”, realizado por investigadores del IANIGLA y CIFOT, FONCYT-CONICETUNCuyo, en el período 2005-2008.

Que del análisis de las piezas administrativas con tratamiento en la Comisión de Piedemonte, en la Unidad de Evaluaciones Ambientales y en la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, como lo son por ejemplo los expedientes Nros. 327-D-2017-18007, 51-D-2016-18007, 220-D-2016-03792 y otras piezas administrativas relacionadas con la temática, donde se solicita a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial la categorización y posterior ejecución de estudios ambientales en vistas a obtener factibilidad ambiental en el área del Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza (AMM), surge la necesidad de aplicar la legislación ambiental específica, en el marco de Evaluación de Impacto Ambiental.

Que del análisis realizado a través de procesos de teledetección se constata la presencia de diversos emprendimientos de magnitud variada que no cuentan con los debidos estudios ambientales que corresponden a su escala, así como tampoco se acreditan otras factibilidades de servicios y obras que faciliten el hábitat en dicha área por parte de otros organismos del Estado según sus respectivas competencias.

Que la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial ha realizado inspecciones en su carácter de autoridad de aplicación y control, comprobando que la situación de irregularidad es cada vez más extensiva en el territorio.

Que de los antecedentes técnicos, científicos y legales sobre el área en cuestión así como el trabajo realizado por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial se observa una situación de vulnerabilidad ambiental considerable, teniendo en cuenta que la ocupación del territorio de manera no planificada y fuera de los términos establecidos en la legislación, genera procesos que afectan negativamente al ambiente y a la población.

Que esta situación originó la necesidad de efectuar un estudio específico sobre la amenaza aluvional del área referida, coordinado por la Agencia de Cambio Climático y la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, el cual está siendo desarrollado por el Instituto Nacional del Agua (INA), conforme surge del Convenio Específico entre la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y el Instituto mencionado, obrante en orden 12 para el estudio hidrológico titulado: “Evaluación de Amenazas Aluvionales del Piedemonte al Oeste del Gran Mendoza”, financiado a través del Proyecto de Cooperación Técnica GRT/MC 14 303 – AR.

Que la gravedad de la situación antes descripta exige la adopción de medidas inmediatas y urgentes hasta tanto se obtengan los resultados de los estudios mencionados.

Que por lo expuesto, la gravedad y excepcionalidad de la situación descripta exige la urgente “Declaración de Emergencia Ambiental” del área del Piedemonte (polígono conforme Ley N° 8999 Plan Provincial de Ordenamiento Territorial - PPOT), a fin de poder tomar las medidas que sean necesarias de manera inmediata para garantizar la efectividad de las mismas en pos de resguardar el equilibrio ecológico, el desarrollo sustentable, el ordenamiento ambiental del territorio y la seguridad pública.

Que resulta aceptado y reconocido por la doctrina y jurisprudencia, así como por numerosos antecedentes del derecho público provincial, que ante la existencia de una situación grave de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo puede sancionar aquellas normas cuyo dictado resulte imprescindible, sin permitir incurrir en las demoras propias del trámite legislativo.

Que la realización de estudios relativos a zonas que pueden ser afectadas por agentes naturales –como es el caso de eventos aluvionales-, y la adopción de las medidas necesarias para asegurar y prevenir la protección de la población y bienes públicos y privados, incluyendo declarar en Estado de Emergencia a parte o a la totalidad del territorio de la Provincia, es una atribución encomendada mediante Ley N° 3796 de la Honorable Legislatura al Poder Ejecutivo Provincial.

Por ello, y conforme lo previsto por los Artículos 128 incisos 16, 130 y concordantes de la Constitución Provincial, 144 inciso d) de la Ley N° 8706 y Decreto N° 1000/15, Ley N° 3796 y lo dictaminado por la Asesoría Legal de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA:

Artículo 1° - Declárese el Estado de Emergencia Ambiental en la zona del Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza cuyos límites se encuentran establecidos en la Ley N° 8999 Plan Provincial de Ordenamiento Territorial - PPOT, Anexo I, Mapa “Clasificación del Territorio para el Área Metropolitana Mendoza”, Área de Régimen Especial Piedemonte 5A, por los antecedentes técnico-científicos expuestos en los considerandos del presente decreto.

Artículo 2° - La Declaración de Emergencia Ambiental se extenderá por un plazo de doce (12) meses a partir de la publicación de este decreto en el Boletín Oficial.

Artículo 3°- Autorícese a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia a suspender, por el tiempo determinado en el Artículo 2º del presente decreto, la tramitación de aquellos procedimientos administrativos de Evaluación de Impacto Ambiental comprendidos en la Ley Nº 5961 y modificatorias, que se encuentren dentro del área del Piedemonte definida por la Ley Nº 8999.

Artículo 4° - Penalidades. El incumplimiento de las medidas que disponga la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial será pasible de las sanciones establecidas en las Leyes Nros. 5961, 8051 y sus modificatorias.

Artículo 5° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.

LIC. ALFREDO V. CORNEJO

C.P. PEDRO MARTÍN KERCHNER

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