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21 de agosto de 2019
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Próvolo: para los jueces, Gómez es "imputable"

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Los magistrados recibieron un informe que indica que el hombre es apto psicológicamente para poder participar del proceso judicial y que comprende el Lenguaje de Señas.

Este miércoles se reanudó el juicio por los abusos sexuales en el instituto Próvolo y el Tribunal Colegiado N° 2 recibió un informe oral de la médica Patricia Gorra, quien le había practicado una nueva pericia al imputado Armando Gómez (51) en relación con sus competencias para entender lo que está ocurriendo en el debate ya que es sordomudo, al igual que las víctimas.

La profesional de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Cuyo (UNCuyo) confirmó que el ex jardinero comprende y utiliza el Lenguaje de Señas Argentinas. Gorra además subrayó que es apto psicológicamente para poder participar del proceso judicial al que está siendo sometido.

A raíz de este informe, los magistrados Carlos Díaz, Alejandra Ratto y Mauricio Juan definieron que la continuidad de Gómez en el proceso.

La semana pasada, se había decidido posponer el desarrollo y la reproducción de las Cámaras Gesell, por la discrepancia entre las conclusiones a la que arribó la galeno de la UNCuyo y los estudios practicados por los técnicos de la Defensoría de la Nación, quienes entendieron que no estaba apto para poder ejercer su defensa.

Alicia Arlotta, la defensora oficial que también patrocina a los sacerdotes Nicola Corradi (83) y a Horacio Corbacho (61), volvió a sostener al momento del juicio que Gómez es analfabeto y que no entiende las señas, condición que no le permitiría defenderse de las acusaciones que enfrenta.

El pasado 5 de agosto inició el proceso de enjuiciamiento por los abusos sexuales y la corrupción de menores denunciado por los ex alumnos, en hechos que se habrían perpetrado por al menos una década.

Por estas sospechas, el colegio religioso fue cerrado preventivamente por la Dirección General de Escuelas, meses después del inicio de la investigación y de las detenciones, que en principio involucró a cinco personas.

Los acusados arriesgan una condena máxima de 50 años por la sumatoria de los 28 hechos contra víctimas que eran menores de edad.

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