Este miércoles 25 de noviembre se cumplirá un año de la histórica condena a los curas y al jardinero que abusaron por más de una década de los niños sordos que estudiaban en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza.
El fallo del Tribunal Penal Nº2 tuvo repercusiones internacionales por las altas penas. El octogenario Nicola Corradi recibió 42 años, aunque quedó impune su presunta participación en los casos cometidos en Italia y La Plata. En este último, la Justicia determinó que los hechos habían prescribido, generando conmoción en el movimiento de los sobrevievientes de abuso eclesiástico.
En tanto, Horacio Corbacho fue sentenciado a 45 años de prisión y Armando Gómez a 18 años de cárcel.
Hasta ese momento no se habían investigado y llevado a juicio los delitos a la integridad sexual que habían tenido lugar en las distintas instituciones de enseñanza para niños sordos bajo el nombre de Antonio Próvolo y que desde Italia importó el horror a la Argentina.
Después de un año marcado por la pandemia de coronavirus y en medio de las audiencias para que se desarrolle el segundo juicio contra el personal que debía denunciar lo que ocurría, Corbacho y Gómez permanecen tras las rejas del pabellón 5 de Boulogne Sur Mer, donde no participaron de ninguna actividad en el contexto carcelario ni antes ni mucho menos después de que se declarara la emergencia sanitaria del COVID 19.
Tras los muros del sector de agresores sexuales, Corbacho -condenado por las múltiples violaciones contra sus alumnos del Próvolo- lleva una vida entre la prédica de la palabra católica para sus compañeros, más allá de que tenía una prohibición desde la propia iglesia para hacerlo, y con un perfil bajo.
“No lo hace en el patio, pero sabemos por otros internos que se le acercan y que da apoyo espiritual”, dijeron fuentes del penal.
Si bien no comparten la celda, Gómez habita en el mismo lugar con escaso contacto con los otros residentes. De todas maneras en alguna oportunidad, en todo este tiempo, ha solicitado la asistencia de un intérprete de lenguaje de señas. El ex empleado es sordo de nacimiento, como sus víctimas.
Hace dos semanas, cuando se reanudaron las visitas de familiares en la cárcel y luego de ocho meses de estar prohibidas por el coronavirus, el empleado recibió a su hija.
Por su parte, el sacerdote que relataba a través de cartas a un amigo en Buenos Aires el infierno que en realidad era el Próvolo, vio por última vez a una amiga en febrero de este año.
“No piden ni agua”, revelaron fuentes que hacen un seguimiento de la condena. Tampoco tienen conflictos con nadie, de acuerdo a lo informado en sus legajos.
“Corradi es monitoreado”
Corradi cumple la prisión domiciliaria por su avanzada edad y por su estado de salud, siendo monitoreado electrónicamente. El religioso es sometido a un seguimiento que realiza la Unidad de Prisiones Domiciliarias, que lleva adelante la asistencia y el control.
La información de su situación es de carácter reservado para las partes y las víctimas de manera directa pueden acceder a los datos sobre el cumplimiento de su condena.
Aniversario a la espera del segundo juicio
Los sobrevivientes de los abusos en el instituto Próvolo de Mendoza y sus familias recordarán esta fecha bisagra que marcó un antes y un después en sus vidas, aunque, hasta hoy, no hay prevista una actividad.
“Esta pandemia no nos permitió juntarnos pero debemos seguir reviviendo la llama del Próvolo para los que todavía no fueron a juicio sean condenados y se haga justicia. Es probable que hagamos un pequeño acto respetando los protocolos”, contó Ariel Lizarraga, papá de una de las víctimas.
En cuanto al segundo juicio por la participación primaria de las personas que habrían encubierto a los abusadores, la semana próxima se realizará la última audiencia preliminar y se podrá fecha de inicio al nuevo debate.
Allí serán juzgados otros imputados, como la monja Kumiko Kosaka y ex la apoderada de la institución Graciela Pascual.
