La fuerte polémica en torno al futuro de la minería en la provincia llegó al escritorio del fiscal de Estado, Pedro Sin, quien prometió ayer que elaborará un “dictamen urgente” para definir si la razón la tiene el Gobierno o los ambientalistas. El fiscal dejó esta tarea en manos del abogado Amílcar Moyano, quien es el asesor en temas ambientales de la Fiscalía. Este letrado ahora debe resolver dos planteos contrapuestos: el del Gobierno, que considera “inconstitucional” la prohibición de la minería, y el de un grupo de senadores opositores, quienes ayer denunciaron al Poder Ejecutivo por el incumplimiento de la vieja ley ambiental de Mendoza.

    El Ministerio de Economía pidió un dictamen del fiscal la semana pasada, cuando el Senado aprobó un proyecto de ley que directamente prohíbe en toda la provincia los cateos mineros metalíferos a cielo abierto, en tanto y en cuanto no se elabore el demorado plan ambiental de Mendoza. Pero a las 24 horas de la sanción del Senado, el gobernador Cobos amenazó con vetar la norma si también conseguía el aval de los diputados. Por esta razón, hubo una reunión el viernes, en la que los legisladores de la Cámara Baja prometieron que modificarán el proyecto.

    Aunque los diputados dijeron ese día que van a emplazar al Gobierno para que haga un detallado informe sobre los emprendimientos mineros y su impacto ambiental en los próximos 30 días, la pelea de la minería se trasladó a esta semana. Es que ayer, dos senadores demócratas, Jorge Difonso y Guillermo Magistratetti, acudieron al fiscal de Estado para pedirle que haga cumplir la Ley Ambiental 5.961, que fue sancionada hace más de una década pero aún no se aplica.

    “Exigimos el inmediato cumplimiento de la ley, porque esta existe desde hace 14 años y todavía no hay un plan ambiental”, bramaron los legisladores. Los hombres del PD apuntaron todos los cañones contra el subsecretario de Ambiente, Gustavo Morgani, a quien acusaron de haber presentado un plan ambiental “abstracto” y de no haber respondido a los pedidos de informes de la Legislatura. Difonso, quien comandó en el Senado la aprobación del proyecto contra la minería, sostuvo que es “razonable” el reclamo de los ambientalistas. Sin embargo, aseguró que no está en contra de la minería y acusó al Gobierno -y en concreto, a la ministra de Economía, Laura Montero- de contradecirse.

    “El año pasado, durante la campaña electoral, decidieron suspender las exploraciones y ahora dicen que eso es inconstitucional. Esto quiere decir que, antes o ahora, han faltado a la verdad”, disparó. Por su parte, el fiscal de Estado mostró ayer una postura cauta frente a la polémica. En principio, Sin sólo definió que los dos expedientes -el de los demócratas y el del Gobierno- se tienen que tratar juntos. Y además de la acumulación, prometió que el tema tendrá un tratamiento profundo, en el que involucrará también a la Asesoría de Gobierno. “El dictamen es de resolución urgente porque estas cosas no se pueden dilatar”, completó el fiscal.