Pese a transitar una etapa financiera crítica, donde los números están en rojo, las cuentas no cierran y la necesidad de endeudamiento crece, la administración de Francisco Pérez no logró cumplir con su compromiso inicial de congelar el ingreso de personal al Estado, cuyo objetivo principal era justamente achicar el déficit.

Pérez asumió con una promesa que generó buenas expectativas, y quedó plasmada en el decreto 1 del año 2012 a través del cual se prohibía el “incremento de la planta personal temporaria y/o permanente, y contratos de locación de servicios por parte de la Administración Pública Central”. Pero los datos oficiales indican que cuando llegó al sillón de San Martín, el actual mandatario se encontró con una planta de personal que sumaba más de 103 mil empleados. Y en el tercer trimestre del año pasado, la cifra ya superaba los 109 mil trabajadores.

Esto representa un crecimiento cercano a 6%, pese a que el propio gobernador se jactaba en su discurso ante la Asamblea Legislativa del año pasado que “desde el Gobierno no se aumentó la planta de personal. Es un caso único en comparación con todos los inicios de gestiones”.

Un poco más realista, el ministro de Hacienda, Marcelo Costa, aseguró la semana pasada que “en dos años hemos aumentado menos de 2% la planta de personal”. Por el contrario, para la oposición radical el crecimiento de la cantidad de empleados es mayor, y supera 8%.

“Calculamos que durante la gestión de Pérez ingresaron alrededor de 10.000 estatales. Esto ya lo observamos antes de la discusión del presupuesto 2013, solicitamos que nos explicaran dónde estaban todos estos empleados porque no eran médicos, ni policías en la calle ni maestros. Evidentemente muchos de esos contratos nuevos eran por compromisos políticos y no para servicios para los mendocinos”, sostuvo el diputado Tadeo García Salazar.

Los datos oficiales figuran en el apartado “Ley de responsabilidad fiscal”, de la página web de la cartera que conduce Costa. Allí aparece la cantidad de empleados de planta permanente, temporarios, contratados y horas cátedras.

A fines del 2011, cuando Pérez asumió, el plantel de empleados estatales se componía de 71.228 trabajadores de planta permanente, 2.608 temporarios, 3.950 contratados y 384.664 horas cátedras (15 horas cátedras equivalen a un cargo docente).

En el 2013 había 76.899 empleados permanentes, 2.524 temporarios, 3.311 contratados y 399.261 horas cátedras. La diferencia marca 5.928 cargos más.

Es decir que durante la gestión de Pérez, se crearon 8 nuevos cargos públicos por día.

“No vemos ninguna idea racional destinada a hacer más eficiente el gasto”, se quejó el vicepresidente de la UCR, Marcelino Iglesias. Mientras que diputados del mismo partido indicaron a través de un comunicado: “Le pedimos al Gobierno que realice verdaderos cambios, cambios profundos de gestión, no que maquille los números, y esto se hace sincerando la situación financiera de la Provincia y controlando el gasto, apuntando a los bolsones improductivos que tiene el aparato estatal y que se viene profundizando en forma sostenida en los últimos seis años”.

“Si bien es cierto que todos los gobiernos hacen incorporaciones, en este caso ha sido desmedida”, indicó García Salazar. Y agregó: “En Educación hay aproximadamente 50.000 empleados, pero faltan profesores para salitas de 4 años y por otro lado hay superpoblación”.

Datos privados

Investigaciones privadas también dan cuenta del aumento de personal estatal. “En el segundo trimestre del 2013 resulta 1,7% anual superior al mismo periodo del año anterior (con una población que crece a 1%)”, señala un informe del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, (Ieral) en Mendoza, dependiente de la Fundación Mediterránea.

En el mismo documento se indica que si bien el Gobierno consiguió un menor déficit fiscal en los primeros ocho meses del año pasado gracias a un descenso en el gasto en capital (obra pública) y a un incremento de la recaudación (68% interanual), “está en duda que siga esta tendencia, porque los ingresos crecen a menor ritmo (actividad económica y menor aumento en alícuotas), y por la presión en gastos en personal (salarios)”.

En este sentido, el gasto en personal aumentó 34% anual, según se desprende del trabajo de la Fundación Mediterránea, que surgió a partir de datos fiscales del Ministerio de Hacienda y en cuyo análisis del empleo público, no se incluyeron los organismos descentralizados.

El Consejo Empresario Mendocino (CEM) también solicita “encontrar nuevas formas de equilibrar las cuentas fiscales provinciales, tratando de morigerar los incrementos en el gasto”.

Otro informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que refleja la importancia relativa del gasto en personal de todas las provincias, muestra a Mendoza en lo más alto de la lista.
Para el conjunto de jurisdicciones, el gasto en personal representó 47% del gasto total en el año 2012. En Mendoza, ese porcentaje llegó a 54%, sólo debajo de Río Negro (62%) y Tucumán (56%), y al mismo nivel de Tierra del Fuego y Jujuy.

Mientras que un trabajo de la consultora NOAnomics sobre el crecimiento del plantel estatal en el país indica que para todas las provincias, salvo Capital Federal, “el gasto salarial promedio estatal es mayor a la remuneración promedio del sector privado con brechas mayores al 50% en Tucumán (83%), Formosa (83%), Santa Fe (72%), Córdoba (66%), Entre Ríos (63%), Mendoza (57%) y Jujuy (55%)”.

Por este motivo advierte que “sea por el efecto precio (salario) y/o el de cantidad (dotación de agentes) muchas de las provincias argentinas comenzarán a escuchar más fuerte el tic tac de la bomba de tiempo activada por el empleo público y su peso creciente en el gasto total”.

Censo demorado

“Hoy no sabemos cuántos empleados públicos tenemos en realidad”, reconoció el propio Pérez a comienzos de julio, a los pocos días de poner en marcha un Censo de Personal con el objetivo de obtener en detalle la cantidad de personas que trabajan para el Estado, quiénes son y qué funciones cumplen.

La falta de control es de tal magnitud que en la base de datos del personal del Gobierno figuran 10 mil empleados con fecha de nacimiento en el año 1900. La duda sobre si se trata de un error en el sistema o un fraude al Estado nunca se develó.

Por eso el Gobierno buscó identificar en concreto “a cada agente en su lugar de prestación de servicios, Unidad de Gestión de Consumo y de Crédito, Unidad Organizativa y Jurisdicción; y cumplimiento horario y especificación de la/s tarea/s que realiza”. Actualmente se mantiene el proceso de carga de datos de empleados públicos en un “legajo electrónico”.

Ante las críticas y dudas gremiales, desde el Gobierno defendieron el Censo indicando que se trata de una “herramienta interna” que permitirá ordenar el plantel de estatales. Y bien en un principio se comunicó que el objetivo era que entre agosto y septiembre pasado el trabajo estuviera prácticamente finalizado, los plazos se estiraron y resultados recién se conocerían a mediados del 2014.