La semana pasada, el Concejo Deliberante de Capital aprobó la ordenanza municipal que establece que, antes de comenzar cualquier construcción pública, privada o civil, se debe realizarse una evaluación de impacto arqueológico. Esta ordenanza sólo regirá para Capital y se estima que, en unos 30 días, un grupo de arqueólogos deberá iniciar excavaciones en terrenos que luego serán la base de edificios o casas. Esta normativa contempla las futuras construcciones, no aquellas obras que ya estén iniciadas.
Las excavaciones durarán unos 3 o 4 días en cada lugar y costarán entre 300 y 500 pesos. El objetivo de esta norma es el rescate del patrimonio arqueológico que se encuentra bajo tierra y que da cuenta de la diversidad cultural que recorrió largos años de la historia. Por lo que el pretendido salvataje de los objetos materiales es la mejor forma de evidenciar esta rica gama de culturas.
DEFENSA DEL PATRIMONIO.
La iniciativa surgió a partir de la iniciativa de dos arqueólogos, Horacio Chiavazza y Valeria Zorrilla, acompañados por el concejal Germán Laciar, presidente del bloque radical. Ellos supieron ver e interpretar la importancia de rescatar parte del pasado de los mendocinos, el que, a pesar de los documentos históricos, tiene baches que sólo con esta evaluación arqueológica se van a poder subsanar.
En este sentido, la ordenanza busca que en cada intervención del subsuelo los emprendedores tengan la opción de contribuir al crecimiento urbanístico de la ciudad y a la preservación de la memoria de todos, por medio de la regulación de dos acciones concretas: la evaluación del impacto arqueológico y su mitigación. Si bien esta nueva norma no es coercitiva, establece que al proyecto edilicio que no cuente con la evaluación arqueológica no se le otorgará los permisos o habilitaciones necesarios para poder iniciar una construcción.
