La decisión adoptada por la Legislatura para suspender las actividades mineras a cielo abierto en toda la provincia exacerbó los ánimos dentro del Poder Ejecutivo, y fue el mismo gobernador Julio Cobos quien anunció ayer que vetará la norma. Además, el mandatario indicó que el martes enviará a la Legislatura el decreto 820 de este año, donde los ministerios de Economía y Ambiente plasmaron los lineamientos del Estado mendocino respecto a la explotación minera. “Hemos trabajado mucho en ese decreto, y el mismo martes lo enviaremos a la Legislatura para que se haga ley. Creo que muchos no lo conocen y ahí están bien claras las pautas que deben seguir las empresas mineras en la provincia”, explicó el gobernador.
El decreto 820 incluye los mecanismos para que los municipios y los ciudadanos expresen sus opiniones y dudas respecto de los emprendimientos en los diferentes lugares de la provincia. Por esto, el gobernador Cobos interpreta que la ley que suspende las actividades mineras, aprobada por la Legislatura el miércoles, no corresponde.
ENOJO EMPRESARIO.
Antes de que se conociera la decisión del gobernador de vetar la polémica norma, los empresarios mineros amenazaron con demandas millonarias al Estado, argumentando que la ley sancionada suspende derechos adquiridos de manera genuina y viola lo dispuesto en el Código Minero Nacional. Roberto Zenobi, presidente de la Cámara Mendocina de Empresas Mineras (Camem), calificó como “mediocres”a los legisladores que apoyaron la suspensión.
“Si tengo que pensar que la presión de 60 vecinos autoconvocados logró la sanción de una ley que perjudicará notablemente las arcas provinciales, es indudable que son demasiado mediocres”, consideró. Zenobi aseguró que esta actividad –con 600 proyectos en Mendoza– genera empleo directo e indirecto para 30 por ciento de la población de la provincia, y calculó que las actividades metalíferas aportan 45 por ciento del Producto Bruto Interno de Mendoza.
