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3 de noviembre de 2006
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INSEGURIDAD JURÍDICA

Problemas con la ley de contracepción

La Ley de Contracepción Quirúrgica que debía ser reglamentada en el Ejecutivo está en vigencia, a pesar de la imposibilidad de garantizar la reversibilidad de los métodos, tal como planteaban los legisladores

    La Ley de Contracepción Quirúrgica que debía ser reglamentada en el Ejecutivo está en vigencia, a pesar de la imposibilidad de garantizar la reversibilidad de los métodos, tal como planteaban los legisladores. Si bien Mendoza pensaba adherirse a la norma nacional, finalmente quedó a la deriva, porque el Gobierno no pidió la adhesión a la norma que entró en vigencia el martes.

    Ana María Andía, coordinadora del Programa de Salud Reproductiva, dijo que desde el 2000 hasta la actualidad se han realizado cerca de 2.000 intervenciones contempladas en la resolución ministerial que las autoriza. Pero esa norma exige que exista una indicación terapéutica para realizar la ligadura. Esto significa que de la evaluación de los aspectos médicos y psicosociales de la persona que lo solicita surge la posible conveniencia de realizar esta intervención.

    A pesar de la gran cantidad de mujeres que solicitó la ligadura tubaria, aún no hay hombres que hayan pedido la intervención, según informaron desde ese programa. La ley provincial y la nacional incorporan la práctica de la vasectomía en varones, una medida importante para quienes deseen asumir sus responsabilidades a través de una infertilización quirúrgica. La norma provincial plantea escollos.

    Por un lado, la necesidad de la firma del cónyuge, algo considerado inconstitucional por algunos letrados que consideran a la práctica un derecho personalísimo. Por otro lado, la ley provincial pide que las técnicas sean reversibles, pero las mismas son potencialmente irreversibles. Para solucionar el problema, que podría traer aparejados juicios contra el Estado, habría que modificar la ley provincial y enviarla nuevamente a la Legislatura.

    Otra alternativa es que los legisladores tomen la iniciativa de modificar estos dos aspectos; sin embargo, ninguna de las dos cosas ha sucedido desde la entrada en vigencia de la reglamentación provincial. Otra de las opciones es adherir a la norma nacional reglamentada el martes. En la misma, las prácticas se autorizan como derechos personales y no exigen la autorización de un cónyuge. El texto de la norma oficial sólo puntualiza que se debe propender a la necesaria educación y adecuada preparación por parte de la persona responsable de la explicación y asistencia a quien demanda un servicio sanitario.

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