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10 de febrero de 2020
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Opinión

Presos políticos y negacionismo, o una forma de faltarle el respeto a la historia

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Resulta notable y evidente el esfuerzo que realiza el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para equilibrar las fuertes presiones internas que dividen aguas en la fuerza gobernante. Al mismo tiempo, devela la intención de avanzar en una suerte de ley que sancione un negacionismo supuesto que cree ver en la Argentina respecto de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar –idea que le acercaron algunas organizaciones de derechos humanos en Francia–, a la vez que declara que en el país no hay presos políticos sino, más bien, detenidos de forma arbitraria quienes, quizás, debiesen esperar la finalización de sus procesos penales en contra en libertad y no en prisión.

Ambas posturas, definiciones políticas de peso que no pasan desapercibidas en un país que se mueve al ritmo de una maldita grieta ideológica, se columpian sobre un mar infecto en el que habitan los comisarios políticos que presionan sobre qué debe hacer y no y cómo y desde qué lugar se tiene que manifestar un gobierno que los mencionados comisarios políticos creen, con absoluto convencimiento, que les pertenece y, si no, al menos, permitieron que accediera al poder.

El esfuerzo de Fernández, siempre y cuando se trate de una postura fidedigna y real, no sólo se ha visualizado en aquellas definiciones. También se percibió en su reacción –como un dato que lo ha diferenciado claramente de su vicepresidenta y mentora, Cristina Fernández de Kirchner–, en Francia, cuando el alumno Ian Sielecki lo interrogó sobre la responsabilidad histórica del peronismo en la debacle argentina, respondiendo de forma amable y republicana, como el mismo alumno, un ex funcionario del macrismo, lo reconociera luego. Cristina, cuando gobernó y en una situación similar en Harvard, respondió de mala forma y con críticas cargadas de prejuicios que todavía se recuerdan.

Fernández, un hombre del Derecho y conocedor de la Constitución y las leyes, parece entender que instalar maliciosamente que Julio de Vido, Amado Boudou, Milagro Sala, por citar a los ex funcionarios, militantes y operadores del kirchnerismo más reconocidos en la cárcel, están presos injustamente porque profesan una ideología política diferente de la de quien gobernaba el país en el momento en que fueron detenidos, y confinados en un penal es, cuanto menos, un disparate. Un disparate que encierra, claro está, un nivel de perversidad y de cinismo propio de quienes se ven a sí mismos, y se sienten, como los dueños absolutos de las respuestas institucionales. El filósofo Ernesto Laclau, uno de los pensadores que más estimuló y le dio contenido ideológico al kirchnerismo, cuando se refería al rol de las instituciones en un sistema democrático, sostenía que la institucionalidad podía llegar a ser algo líquida, moviéndose al ritmo que le imprime quien está al frente del gobierno.

Puede interpretarse que el presidente se vea obligado a calmar la ansiedad de un kirchnerismo que, a dos meses de haber vuelto al poder, entiende que sus más fieles exponentes del pasado en el Gobierno, cual próceres que dejaron todo por la causa y que por esa misma razón encontraron la cárcel por orden de una derecha neoliberal salvaje, tienen que ser liberados sin más y de forma inmediata. Lo de penar un negacionismo inexistente de la dictadura podría llegar a ser el contrapeso por no reconocerle al extremo más fanatizado, con el que tiene que gobernar, la existencia de presos políticos. De igual manera, y por más excusas y justificaciones políticas no escritas que se le quieran adosar a la idea, no parece ser lo más razonable para una sociedad que, en todo caso, lo único que se ha preguntado en algún momento y con todo derecho es saber, a ciencia cierta y con exactitud, es si el número de los detenidos, desaparecidos y asesinados por aquella dictadura bestial se corresponde con ese símbolo de los 30 mil.

Ninguna grieta, por absurda que sea, debiese llevar a los argentinos a faltarle al respeto a la historia, a los hechos y, por sobre todo, a los verdaderos presos políticos que ha tenido el país en sus momentos más vergonzosos y oscuros. De Vido fue condenado a cinco años de cárcel por la masacre de Once; Boudou por haber pretendido apropiarse del 75 por ciento de Ciccone Calcográfica, la imprenta que fabricaba el papel moneda, y Sala por sus conocidas y extendidas prácticas delincuenciales con las que manejó y administró decenas de millones de pesos de dinero público, que recibía la Tupac Amaru para la construcción de viviendas sociales.

Ninguna grieta, en resumen, debería avanzar con el objetivo de borrar los acontecimientos de la realidad para reescribirlos a la manera de quienes en la puja o en la contienda terminen por imponerse. La irracionalidad del fanatismo suele manejar el humor en las redes sociales; un humor que, a la vez, intenta apropiarse del objetivo central de los medios convencionales y tradicionales de comunicación, que no es otra cosa que el de contar lo que está ocurriendo y cómo, aunque eso signifique que los extremos de la grietan los maldigan por igual.

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