Autoridades provinciales se reunieron con funcionarios nacionales para comenzar a delinear las estrategias de defensa que presentarán ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde los accionistas privados de OSM mantienen un causa contra el Estado. El presidente del Ente Provincial del Agua y el Saneamiento (EPAS), Javier Montoro, fue quien se reunió con funcionarios nacionales para analizar diversos aspectos de la defensa argentina ante el tribunal arbitral internacional.
Montoro estuvo reunido con el subprocurador del Tesoro de la Nación, Adolfo Scrinzi. En el encuentro, en el cual participó, además, el asesor de la intervención en la empresa prestadora, Aldo Rodríguez Salas, se acordaron diversos aspectos relacionados con las instancias de defensa, responsabilidad que atañe justamente a la Procuración del Tesoro nacional. Se explicaron los motivos del Gobierno provincial para concretar la intervención de Obras Sanitarias, la situación actual de la empresa y el proceso de auditoría que relevará las condiciones de funcionamiento que tenía mientras era manejada por Saur Internacional.
Montoro acordó poner a disposición de la Procuraduría toda la documentación y los antecedentes que justificaron la intervención, así como el primer informe del interventor sobre la situación en que encontró la compañía. Scrinzi consideró muy valioso el aporte, ya que, según explicó, los tribunales arbitrales se rigen por los principios de buena fe, exigiendo una gestión responsable y antecedentes confiables.
Por su parte, los funcionarios mendocinos anticiparon que la Provincia iniciará las acciones que correspondan de resarcimiento por daños ante los tribunales locales, por incumplimiento de los deberes del operador técnico del servicio concesionado. El subprocurador consideró estas acciones adecuadas para la defensa de los intereses públicos y de los usuarios del servicio, además de que no contradicen los acuerdos internacionales.
Finalmente, ante el pedido que Saur Internacional realizó por nota a la Presidencia de la Nación solicitando iniciar “negociaciones amistosas” para resolver la controversia entre las partes, Montoro expresó que habría que mantenerlas en el ámbito de la Procuración del Tesoro y previa consulta con el Consejo Asesor de los Servicios Sanitarios, que mantuvo el 8 de setiembre su primera reunión de trabajo y está conformado por representantes políticos, científicos y académicos.