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7 de septiembre de 2006
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MUERTE DE UNA NIÑA DOWN

Posibles irregularidades en el acta de defunción

El juez federal Walter Bento quiere verificar si el deceso se produjo por un paro cardiorespiratorio, tal como explicó un médico. El magistrado realizó una inspección ocular en el Hospital Militar.

    El juez federal que investiga la extraña muerte de la pequeña con síndrome de Down María José Bauzá realizó ayer una inspección ocular en un instituto que funciona en el Hospital Militar, lugar donde fue atendida por última vez, hace casi cuatro semanas. Pero la novedad más relevante que ha tenido la causa en las últimas horas, luego de la denuncia de los padres, es que Walter Bento, titular del Juzgado Federal N°1, investiga dos supuestos delitos: falsificación de documento público en el certificado de defunción de la menor y homicidio culposo. Por el momento, la causa no tiene imputados.

    Sobre la primera presunción, el médico que firmó el documento aclaró, de puño y letra, que el fallecimiento se produjo debido a un paro cardiorespiratorio motivado por la condición de deficiencia que presentaba la niña. Pero los padres de la nena de ocho años, Florencio Bauzá y Cecilia Massirosi, piensan lo contrario. Así lo dejaron asentado en el expediente de la causa: que la niña perdió la vida porque no se la asistió como correspondía en el nosocomio de calle Boulogne Sur Mer, por lo que señalaron que existió mala praxis.

    A raíz de esto, el martes salió, desde el despacho de Bento, la orden para que se realice la exhumación del cadáver. Profesionales forenses ya tienen el cuerpo a su disposición y dentro de unas semanas se conocerá el resultado de la autopsia. La idea de los pesquisas es determinar si el fallecimiento se produjo tal como lo especificó el médico en el acta de defunción o como afirman los padres.

    A las 10 de ayer, el juez federal llegó al Centro Integral de la Madre y el Niño, –propiedad del primo hermano del padre de la niña Down, Leandro Di Yacobo–, ubicado en las instalaciones del Hospital Militar. En el instituto observó las instalaciones donde fue atendida la chica antes de morir y tomó testimoniales junto a varios peritos. Dos horas más tarde se retiró con la información que buscaba. Esta medida procesal tuvo el objetivo de corroborar la grave denuncia de los padres.

TRAUMÁTICO. El deceso de la discapacitada se produjo el lunes 14 de agosto. Un día antes, la niña comenzó a mostrar síntomas de enfermedad. Fue así que sus padres llamaron al pediatra que la atendía, Leandro Di Yacobo, quien les dijo que la llevaran al consultorio al otro día. Pero durante esa noche llamaron a un servicio de emergencia médica. Los médicos le diagnosticaron broncoespasmo y le inyectaron Decadrón.

    La noche pasó y la niña seguía mal. Al otro día, cerca de las 12, llegaron al Hospital Militar y Di Yacobo le diagnosticó laringitis. “Tranquila, andá y comprá la inyección, esperá que se calme y andate a tu casa”, le dijo el médico, según relató la madre. Pero la situación empeoró y, horas más tarde, volvieron a llevarla al hospital. La atendió nuevamente Di Yacobo y “luego el médico se paró y se fue a comer”, relató Massirosi. Mientras, María José seguía desmejorando.

    “En ese momento nos poníamos nerviosos, porque el saturador de oxígeno no funcionaba, por lo que decidí llevármela de allí”, agregó la mujer. Como no obtenía respuesta de los médicos, Massirosi decidió ir al Hospital Español. “Cuando María subió a la ambulancia, la sujetaron con un cinturón de seguridad, la nena se asustó y le dio un paro”, explicó.

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