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20 de diciembre de 2006
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DIQUE PORTEZUELO DEL VIENTO

Ponen condiciones al arreglo Cobos?K

El fiscal de Estado, Pedro Sin, emitió un dictamen donde pide que el Gobierno detalle los beneficios de cambiarle a la Nación el juicio de la promoción por una obra. Sugiere tomar recaudos

          La Fiscalía de Estado le puso condiciones al acuerdo que firmaron Julio Cobos y Néstor Kirchner para la construcción del dique Portezuelo del Viento. Mediante un dictamen con fecha del 14 de diciembre, que fue elaborado por pedido del propio gobernador, el fiscal Pedro Sin le solicitó a los órganos técnicos del Estado que determinen “detallada y concretamente cuáles serían los beneficios que tendría esta obra para Mendoza si fuera propiedad de la misma, y cuáles serían los beneficios que, en más o en menos, pudiera tener para la Provincia si esa obra fuera propiedad de la Nación”.


        También exigió que se fije por ley “el modo en que se podrán neutralizar los efectos perjudiciales para el patrimonio provincial” que se podrían producir si la Nación no transfiere a Mendoza los fondos prometidos en tiempo y forma. A esto que agregó la necesidad de que se establezcan mecanismos alternativos de financiamiento y cláusulas que liberen de responsabilidades a la Provincia frente a los contratistas que ejecutarán el dique.



        Sin también pidió que los órganos que tienen competencia en la regulación del Río Grande hagan dictámenes técnicos sobre el proyecto de Portezuelo y marcó la necesidad de que el acuerdo Cobos–Kirchner sea avalado por la Legislatura antes de licitar el proyecto.


 POLÉMICA.


        Las precauciones que pidió tomar el fiscal de Estado sumaron un elemento más a un arreglo extrajudicial con varias aristas polémicas. El acuerdo fue firmado el 29 de agosto y consiste en la construcción del dique Portezuelo a cambio de que Mendoza desista del juicio contra la Nación por los efectos negativos de la promoción industrial, pleito que arrancó en 1997 (ver cronología).


        Los cuestionamientos surgieron de que la obra no fue incluida, en un primer momento, en el Presupuesto nacional 2007, año en que deben comenzar los desembolsos de K. A esto se agregaron las dudas opositoras respecto del cumplimiento del pacto, que obliga a la Nación a pagar 115 millones de pesos el año que viene. A pesar de todo, Sin juzgó en su dictamen que el acuerdo “resulta razonable”, principalmente en materia de fondos, ya que Portezuelo costará 1.005 millones de pesos, una cifra similar a la que la Provincia exige en el juicio de la promoción.



      Pero, a la vez, dejó la decisión de aprobarlo o no en manos de los legisladores y marcó los riesgos de hacerlo. Entre ellos, el tiempo que tardaría la Provincia en recibir la plata de la obra si hay incumplimientos nacionales.


TIEMPO.


      El dictamen del fiscal Sin fue recibido ayer en el Ministerio de Obras Públicas y los funcionarios pidieron tiempo para dar sus consideraciones. Lo cierto es que la manifestación de Sin (más allá de su contenido) era esperada por Cobos para avanzar con la obra en sus próximas etapas: la homologación del arreglo con la Nación y el llamado a licitación del proyecto ejecutivo, que costará unos 11,5 millones de pesos.


       Acerca de la ratificación legislativa, el Poder Ejecutivo planea enviar dos proyectos: uno que ratificará el acuerdo y otro que generará un fideicomiso para asegurar el destino de los fondos que enviará la Nación. En tanto, la licitación del proyecto permanece demorada por su complejidad y todos los pronósticos indican que la construcción del dique no arrancaría hasta el 2008.

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