A fines de febrero del 2006 se comprobó que cinco policías de la Comisaría Séptima, entre ellos una mujer, hicieron todo lo posible para quedarse con el botín secuestrado de un robo perpetrado en una casa de Aristóbulo del Valle y Verdaguer, en el departamento del Godoy Cruz. El fiscal Juan Carlos Alessandra instruyó el expediente contra los uniformados que detuvieron al delincuente que había asaltado la casa de Lucy Benavídez y se quedaron con un televisor, un microondas y un radiograbador que, previamente, sustrajo el ladrón.
La historia es compleja y los imputados (el inspector Ariel Osvaldo Peralta Saracena, el cabo –y chofer del móvil 1546 que participó en el operativo de aprehensión– Aldo Raúl Rodríguez, el auxiliar Valentín Santiago Núñez, el oficial responsable del turno de guardia de la Comisaría Séptima auxiliar, Rubén Darío López, y la escribente de guardia encargada de registrar en el libro de novedades el movimiento de internos de la dependencia, Marisa Carabajal) deberán responder hoy en el juicio a desarrollarse en la Tercera Cámara del Crimen (ver aparte). El debate, a cargo de un tribunal unipersonal presidido por el magistrado Pedro Funes está fijado para tres días y el fiscal de Cámara será Oscar Giacomassi.
UNA NOVELA. En la madrugada del 25 de febrero del año pasado, la víctima de esta historia, Benavídez, llegó a su casa y se encontró con la novedad de que le habían robado varios electrodomésticos. La mujer llamó a la policía para denunciar el hecho e inmediatamente se montó un gran operativo en la zona citada para dar con los culpables. Un patrullero, la Ford Ranger 1546, salió a buscarlos. Así fue que, después de una prolongada pesquisa, los efectivos dieron con un remís en cuyo interior había cuatro personas, entre ellos, uno de los buscados. Lo detuvieron y lo trasladaron a la Comisaría Séptima.
Mientras todo esto sucedía, varios fueron los vecinos que vieron cómo el delincuente era apresado. Ese dato fue la clave para luego poder imputar a los efectivos. Cuando la víctima regresó a su casa, una vecina le contó que podía recuperar sus pertenencias porque habían dado con el autor del robo. Entonces, Benavídez se dirigió a la Oficina Fiscal Nº3 para ver si podía obtener algo de lo sustraído. Pero el auxiliar de fiscal que la atendió no entendía de qué estaba hablando la mujer, es decir, el informe del hecho no había llegado a la dependencia judicial, tal como exige el nuevo Código Procesal Penal.
El fiscal Alessandra presintió que algo olía feo y comenzó a tratar de averiguar qué pasó realmente en el operativo policial. Así las cosas, la investigación desenmascaró la sospechosa actitud de los policías: según el expediente de la causa, cuando el delincuente estaba detenido en un calabozo de la Comisaría Séptima, “fue apretado” por al menos dos policías para que revelara dónde estaban las pertenencias de la mujer. El sujeto habló y contó que las tenía guardadas en su casa. Ante esto, los efectivos lo sacaron de la celda y fueron al lugar en el que estaban el microondas, el televisor y el radiograbador.
En el libro de ingreso no quedó registrada la salida del ladrón de la dependencia, situación que acrecentó las sospechas cuando comenzó la instrucción del caso. Cuando a esta altura el grupo de policías ya estaba bajo la mirada de la Justicia, el fiscal citó a declarar al jefe departamental de Godoy Cruz de esa época, Rafael Dos Santos. Después de esa declaración hubo una especie de cónclave entre los uniformados y los electrodomésticos de Benavídez aparecieron en un lugar bastante sospechoso: la casa del suegro del cabo Rodríguez.
La excusa que dieron los policías fue que en la oficina fiscal nadie había hecho nada y que “decidieron guardar las pertenencias de la víctima para luego devolvérselas”. Conociendo las irregularidades, el fiscal ordenó la detención de los policías Rodríguez y Peralta, quienes recuperaron la libertad porque el delito es excarcelable. Luego fueron pasados a pasiva por el Ministerio de Seguridad, también por intervención de la Inspección General de Seguridad.