Un jurado popular halló culpable la tarde de este miércoles a Víctor Miguel García Rivera (54), quien se encontraba acusado por el golpe al blindado en el que fue asesinado el policía Eduardo Correa, ocurrido en 2008 en la Universidad Juan Agustín Maza de Guaymallén.

En su veredicto, los doce ciudadanos consideraron que el imputado tuvo una participación secundaria en el hecho y descartaron que haya sido coautor de los delitos. Por ese motivo, García zafó de la perpetua.

Durante la posterior audiencia de cesura, la jueza Nancy Lecek le impuso una pena de 15 años de prisión por el delito de homicidio criminis causa en concurso ideal con robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser en poblado y en banda en grado de tentativa, en calidad de partícipe secundario.

La Fiscalía, representada por Claudia Ríos y Fernando Guzzo, había solicitado 15 años, mientras que la defensa consideró que el castigo apropiado para su cliente debía ser de 10 años de encierro. 

Así las cosas, a más de trece años del hecho, García se transformó en el tercer condenado que tiene la causa por el crimen del cabo Correa. En 2011, habían sido sentenciados a reclusión perpetua Víctor Vargas y Darío Cantos. 

Los alegatos y la última palabra

Tras dos días de juicio, en los que desfilaron varios testigos y se presentaron las pruebas antes las partes, se realizaron durante la mañana de este miércoles los alegatos de cierre.

El primer turno fue el de la fiscal Ríos, quien sostuvo que se encontraba probada la participación de García en el hecho, gracias a un celular que fue hallado en la escena.

El aparato pertenencia a Víctor Vargas (condenado) y no paraba de sonar cuando policías lo secuestraron. Las llamadas perdidas correspondían a un contacto agendado como “Vic”, cuyo número era el del acusado. 

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Un análisis del teléfono arrojó que García se había comunicado antes del atraco con Vargas y que las llamadas fueron tomadas por una antena ubicada en calles Adolfo Calle y Lamadrid, a pocas cuadras del teatro del hecho.

Por eso, para los investigadores, el imputado se encontraba cerca de la universidad, manteniendo una activa participación en el golpe.

La representante del Ministerio Público también destacó las autopartes incautadas durante un allanamiento en la vivienda de la ex pareja de García, las cuales pertenecían a la camioneta Toyota Hilux blanca en la que se movilizaban los integrantes del grupo comando.

Ese rodado había sido robado dos días antes y fue hallado abandonado horas después del asesinato del cabo Correa.

Fue el propio dueño del vehículo, el que reconoció las partes secuestradas y sostuvo que podían ser desmontadas en cerca de dos horas, prácticamente el tiempo que pasó entre el hecho y el hallazgo de la camioneta.  

Por otro lado, Ríos mencionó que otra de las pruebas que unía a García con el golpe al blindado fue una falsa amenaza de bomba al Mendoza Plaza Shopping, la cual se habría realizado minutos antes del asalto para distraer a las fuerzas de seguridad.

Ese llamado lo hizo un sujeto de apellido Rosales, quien era amigo íntimo del hijo de Víctor García, quien en su momento estuvo imputado en la causa y terminó siendo desligado.

Posteriormente, tomó la palabra Guzzo, jefe de fiscales de Homicidios, quien consideró que García se escapó a Buenos Aires cuando se enteró de que debía ser juzgado por el crimen de Correa. 

Además, refutó una de las teorías de la defensa, que sostenía que su cliente no había participado del asalto porque ningún testigo mencionó alguien con sus características físicas: “Que no lo hayan visto los testigos no significa que no haya participado”, refirió. 

Justamente, durante sus alegatos, el defensor Mariano Servente, volvió a asegurar que las pruebas de la Fiscalía no conducían a su representado.

El letrado explicó que la ubicación arrojada por las antenas de los teléfonos no tienen certeza y que la prueba no podía ser considerada, ya que abarcan un radio demasiado amplio. 

También cuestionó la imputación como coautor del delito, debido a que consideraba que de la hipótesis oficial no surgía que su cliente haya tenido una participación esencial.

Servente cerró su discurso afirmando que García era inocente y dejó una reflexión: “No hay nada más terrible para un ser humano  que ser condenado por algo que no hizo”.

Para finalizar, se le cedió la última palabra al acusado, quien apuntó duramente contra la fiscal Ríos, que instruyó el último tramo de la investigación. 

“La fiscal Claudia Ríos se ha ensañado con mi persona, igual que el fiscal Guzzo”, dijo García ante el jurado. Y agregó que: “Si está así trabajando tan mal, espero que si ella tiene un propósito en la vida de llegar a ser jueza y condenar a la gente sin saber nada, la verdad, pobre Justicia”.

Asimismo, García aseguró que ha tenido varios trabajos y siempre trató de “llevar lo mejor para su vida y su familia”. Además, explicó que tiene una incapacidad –sufrió tres ACV–, pero que no quería “dar lástima”. 

Para terminar, explicó entre lágrimas que lo único que quería era que todo terminara: “Quiero irme de acá, me han cagado la vida”.

El hecho

El golpe con resultado fatal ocurrió el 1 de setiembre alrededor de las 20, cuando un camión blindado arribó para llevarse la recaudación del ex Banco Regional, ubicado dentro de la Universidad Maza, en calles 25 de Mayo y Bombal.

A cargo de la custodia del mismo, se encontraba el cabo Correa y los oficiales Natalia Cortés y Rubén Navarro.

Estos dos últimos ingresaron al establecimiento y Correa quedó junto al vehículo de recaudación de caudales. Fue allí cuando un grupo de sujetos arribó a bordo de cuatro vehículos.

Con armas de fuego de alto calibre, abordaron al efectivo y lo amenazaron. Pero este se resistió y se inició un infernal tiroteo.

En total, se dispararon 105 proyectiles. Diez de esos plomos impactaron en la humanidad de Correa y le quitaron la vida. Mientras que Cortés resultó herida de dos impactos de bala y logró sobrevivir.  

A los pocos días, los primeros sospechosos empezaron a caer en las garras policiales. Uno de los primeros en ser detenido fue Canto. Con el tiempo, Vargas correría la misma suerte y ambos terminaron siendo condenados a perpetua en setiembre de 2011 por la Séptima Cámara del Crimen.

Ahora, trece años más tarde, el último detenido también terminó condenado.