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16 de septiembre de 2022
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La investigación por dentro

Un cuaderno con anotaciones de pago de coimas complica al jefe de la Policía Federal

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Rossignoli, Nicolás Bazán y las medidas en Stefano Cannella.

Los efectivos de la PCN descubrieron documentación que confirma la relación entre uno de los dueños de la joyería con Dino Rossignoli. En detalle, qué sostiene la prueba.

Los investigadores judiciales y policiales que trabajan en la causa que motivó la detención del jefe de la Policía Federal de Mendoza, Dino Rossignoli, por presuntos hechos de corrupción no tienen duda sobre la contundencia de la prueba: afirman que están frente a hechos mafiosos y cuentan con elementos suficientes para que el miembro de la fuerza de seguridad nacional, quien podría pasar la cárcel en las próximas horas, termine procesado por el delito de cohecho.

La reconstrucción que realizó El Sol de la pesquisa y los días previos a los allanamientos del miércoles en la casa del comisario, en calle Pablo Iglesias, de Godoy Cruz, y en la sede de la Delegación local, en Perú 1049, de Ciudad, permitió conocer que se incorporó una prueba material fundamental para que el titular del Juzgado Federal Nº3 de la provincia, Marcelo Garnica, autorizara las medidas y las tres detenciones.

Además de Rossignoli, quedaron a disposición de la Justicia Ernesto y Nicolás Bazán, padre e hijo, señalados como dueños o responsables de joyerías y bares que funcionaban como cuevas en el microcentro y sospechados de pagar las coimas para que, básicamente, les liberaran la zona.

Ver también: Detuvieron al jefe de la Policía Federal de Mendoza por sospecha de coimas

De la instrucción se desprende que, durante los primeros procedimientos que realizó la Policía contra el Narcotráfico (PCN) –hizo toda la investigación– el 6 de julio en el microcentro, además del secuestro de más de 4 millones de pesos, 50.000 dólares, 7.500 euros, armas, municiones y máquinas contadoras de billetes, se hallaron libros sobre los movimientos de dinero que realizaba cotidianamente Nicolás Bazán, el joven que está directamente relacionado con la razón social del rubro joyería Stefano Cannella.

En esos cuadernos se detectaron –al menos– tres ingresos que serían los pagos de soborno que Bazán hizo con Rossignoli. Esas anotaciones, de acuerdo con las fechas, coincidieron con reuniones presenciales que mantuvieron con el comisario, sostiene la investigación.

Es más, en uno de esos encuentros, el joven de 25 años se encontraba de viaje y mandó a uno de sus hombres de confianza para juntarse “y pagarle” al jefe máximo de la Policía Federal, agrega.

Lo cierto es que todas estas pruebas fueron esenciales para que la PCN informara al juzgado acerca de las sospechas que recayeron sobre Rossignoli y así se ordenaron las tres detenciones para este miércoles.

Sumado a todo esto, mientras se realizaban las medidas, el personal de la PCN halló en la oficina del comisario 21.560 dólares guardados en una caja de seguridad.

Ver también: Coimas en la Policía Federal: el comisario tenía 21.000 dólares en su oficina

No sólo eso: también se incautaron 31.020 pesos, tres relojes y dos pulseras de joyería, las que iban a ser analizadas para conocer su origen, ya que se cree que pueden haber sido entregadas como parte de las coimas. Además, iba a tener que dar explicaciones sobre el origen de los dólares.

Una alta fuente de la Policía Federal consultada por este diario horas después de los procedimientos señaló que “es injustificable la presencia de la moneda extranjera” y las alhajas en el despacho oficial de calle Perú.

El día después

La detención de Rossignoli generó alarma en la Policía Federal. A las pocas horas, el jefe de la región Mendoza, San Juan y San Luis, comisario Fabricio Britos, solicitó el inmediato pase a disponibilidad.

El golpe que acusó fue duro y la respuesta a la reacción no tardó en llegar: desde Buenos Aires se hizo lugar a la solicitud, apartándolo de la institución y también se envió personal de Asuntos Internos.

Este jueves trascendió que la Justicia ordenó que el comisario continúe incomunicado mientras se encuentra en situación de encierro. Además, en las próximas horas sería trasladado a la cárcel federal de Cacheuta, sospechado del artículo 256 del Código Penal, cohecho (“Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”).

Con respecto a la Delegación de Mendoza, en su lugar quedó a cargo el subcomisario Gastón Gervasori. Y personal de Asuntos Internos inició una serie de entrevistas con el personal para obtener detalles de las sospechas que recayeron sobre el miembro de la fuerza nacional.

Ver también: Joyerías allanadas: jóvenes millonarios, contadores y ex policías en la mira

El inicio

El miércoles 6 de julio, la Policía contra el Narcotráfico lideró 22 allanamientos en joyerías y bares del centro sospechadas de mercado negro de oro, comercio y tráfico de drogas, evasión y lavado de dinero. Tenía el dato de que los comercios eran una pantalla para el cambio ilegal de divisas.

Efectivamente, cuando desarrolló las incursiones policiales, detectó que, prácticamente, no comercializaban alhajas y que había arbolitos en los ingresos, tal como se había detectado durante las tareas de campo.

En total, se secuestraron 4.100.000 pesos, casi 50.000 dólares, 7.480 euros, 19 máquinas de contar dinero, 2 armas de fuego, 21 cartuchos calibre 9mm, 41 equipos electrónicos, 11 equipos informáticos, 4 balanzas, 100 gramos de cannabis, 6 plantas de cannabis sativa, 2 dosis MDMA (éxtasis) y 4 cartuchos vaporizadores de tetrahidrocannabinol (THC).

Identificaron a 74 personas, algunas de las cuales eran policías retirados que hacían de custodios. También secuestraron documentación varia, que sirvió para encaminar una investigación por presunto pago de coimas para liberar la zona.

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