A mediados del mes pasado, el ex intendente de Santa Rosa Sergio Salgado fue detenido y encarcelado después de que la Suprema Corte de Justicia dejó firme el fallo por el que fue condenado a 5 años de prisión en 2018, por los delitos de concusión, desobediencia, malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública.

En esa ocasión, el máximo tribunal de la provincia declaró la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, por lo que revirtió el sobreseimiento del ex jefe comunal peronista en dos de esas causas. 

Casi un mes después de ese revés judicial, Salgado se volvió a sentar este miércoles el banquillo de los acusados, pero esta vez en los Tribunales Federales, por tres causas de administración fraudulenta y una de amenazas (contra un gerente del Banco Nación).

Esos expedientes se iniciaron en el fuero local, pero una jueza de la Tercera Circunscripción entendió que era competencia de la Justicia federal, debido a que se trata de una investigación sobre la utilización de fondos provenientes del Gobierno Nacional. 

Básicamente, a Salgado le cuestionan el manejo de los fondos para una serie de obras que debían realizarse durante su gestión y que jamás se realizaron o no se terminaron de construir, explicaron fuentes consultadas. 

En esos hechos el ex cacique santarrosino se encuentra imputado junto a otras nueve personas, entre las que se encuentran su padre, Ramón Salgado, y ex concejal Marcial Ibarra. 

Durante la jornada de este miércoles, sólo se leyeron los requerimientos y se identificaron a los acusados. Pero, cuando se reanude el debate, se espera que la defensa de Salgado, a cargo de Carlos Moyano, realice un planteo para cuestionar la competencia del Tribunal federal, ya que entienden que corresponde a la Justicia ordinaria.

A ese pedido adherirán los representantes legales del resto de los imputados, por lo que se espera que los jueces definan esa situación en los próximos días, cuando se realice una nueva audiencia del debate.